En un contexto de creciente debate nacional sobre las reformas estructurales propuestas por el Gobierno, el gremio Aliadas —que agrupa a más de 35 asociaciones empresariales del país— emitió un comunicado en el que expresa su respaldo al Congreso de la República como espacio legítimo para el debate legislativo y manifiesta su preocupación frente a la intención del Ejecutivo de convocar una consulta popular para decidir sobre las reformas laboral y de salud.
El pronunciamiento, titulado “Aliadas cree y apoya al Congreso democráticamente elegido”, cuestiona la conveniencia de promover mecanismos de participación como la consulta popular para tratar reformas que, según el gremio, ya están siendo discutidas de manera constitucional y democrática en el legislativo.
“En Colombia, la democracia se construye sobre la base del respeto por las instituciones y la confianza en los procesos establecidos por la Constitución”, señala el documento. En ese sentido, Aliadas advierte que impulsar una consulta en paralelo a los debates del Congreso no solo puede generar confusión entre la ciudadanía, sino también debilitar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la división de poderes.
Preocupación por el debilitamiento institucional
Uno de los principales argumentos del gremio es el posible impacto institucional que tendría la consulta popular. Para Aliadas, la insistencia en este mecanismo podría desdibujar los límites entre las ramas del poder público y representar una presión indebida sobre el Congreso, al margen de los cauces formales del debate legislativo.
“Saltarse los procesos legislativos establecidos, o presionar para que se ignoren, afecta la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana en el Estado de derecho”, agrega el comunicado.
Además, Aliadas cuestiona el costo económico que implicaría una consulta de esta naturaleza. Según el gremio, se trataría de un gasto de más de 700.000 millones de pesos, en un contexto fiscal que, según advierte, exige austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En esa línea, califica la medida como innecesaria e inconveniente.
Respaldo al proceso legislativo y a la participación ciudadana
Pese a las críticas, el gremio empresarial aclara que respalda todas las formas de participación ciudadana como un componente esencial de la democracia. Sin embargo, enfatiza que estas deben ejercerse sin socavar los mecanismos institucionales ya establecidos.
“Valoramos y respaldamos todas las formas de participación ciudadana, porque fortalecen la democracia, siendo una expresión vital de nuestra ciudadanía. Pero hoy más que nunca, hacemos un llamado a defender la institucionalidad democrática”, subraya el texto.
En cuanto al contenido de la reforma laboral en discusión, Aliadas reconoce que el país necesita ajustes en esta materia, pero insiste en que estos deben ser construidos sobre bases técnicas, en diálogo con los diferentes sectores y con el objetivo de generar consensos sostenibles.
En este sentido, el gremio expresa su respaldo al trabajo que viene realizando el Congreso —en particular el Senado de la República— en la búsqueda de una reforma laboral que equilibre los intereses de empleadores y trabajadores, y que contribuya al desarrollo económico del país.
Llamado a la responsabilidad democrática
El comunicado finaliza con un mensaje centrado en la necesidad de fortalecer el diálogo institucional y evitar los “atajos” que puedan poner en riesgo el equilibrio democrático. “La democracia no se impone: se construye con diálogo, respeto y responsabilidad”, concluye.
La postura de Aliadas se suma a otras voces críticas que han surgido recientemente desde distintos sectores económicos y sociales frente a la propuesta del Gobierno nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su intención de consultar a la ciudadanía sobre reformas clave que considera estratégicas para su agenda política.
Este cruce de posturas refleja el clima de tensión que rodea el debate sobre las reformas estructurales en Colombia, en un momento en que la gobernabilidad, la participación ciudadana y la sostenibilidad económica se entrelazan en una compleja dinámica de decisiones políticas.
