La Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia acaba de proferir una sentencia histórica que fue conocida en primicia por KienyKe.com.
La justicia le regresó los derechos territoriales al resguardo Indígena Embera Katio del Alto Andágueda -Chocó-, luego de reconocer que este grupo fue víctima de “desintegración familiar y cultural” por cuenta de una serie de vulneraciones a sus derechos como “asesinato selectivo de sus líderes, amenazas, hostigamientos, confinamiento, (ser utilizados como) escudos humanos bombardeos en su territorio y explotación minera ilícita”, entre otros.
Situación que, según la sentencia proferida el miércoles 23 de septiembre, “conlleva a una profunda violación de mandatos constitucionales”.
Les devolvieron más de 50 mil hectáreas
La región que corresponde al Alto Andágueda se sitúa en el oriente chocoano, en el corazón del denominado Nudo de San Fernando. Es una zona de selva espesa, rica en recursos acuíferos y nacimiento de los ríos Colorado y Azul. También atesora minas de oro que siempre han despertado la codicia de explotadores foráneos.
La orden judicial exige la restitución de los derechos territoriales indígenas al resguardo del Río Andágueda, ubicado en Bagadó (Cochó) y con un total de 50 mil hectáreas, una extensión que constituye más del 50% de la jurisdicción municipal y que limita al nororiente con Andes y Betania (Antioquia), al suroriente con Mistrató (Risaralda), al noroccidente con El Carmen y Lloró (Chocó), y al sur con Puerto Rico (Chocó).
En esa comunidad habitan 31 comunidades nativas, con 1.454 familias y 7.270 personas.
El documento judicial señala que en este territorio -que pertenece a indígenas de la familia lingüística Chokó-, “hacen presencia los principales grupos guerrilleros que han existido en el país, al igual que grupos de autodefensa, narcotraficantes y bandas criminales comunes”.
El conflicto bélico protagonizado por las partes en conflicto “ha afectado seriamente a las comunidades indígenas pues su territorio ha sido usado como sitio de escondite y abastecimiento con hechos de ocupación de sus viviendas, reclutamiento forzado y asesinato de sus miembros”, según se lee en el documento conocido por este medio.
La violencia obligó a que los miembros de esta comunidad se vieran obligados a desplazarse a “grandes centros urbanos como Medellín y Bogotá”.
En el resguardo del Alto Andágueda habitan 31 comunidades nativas, con 1.454 familias y 7.270 personas.
Se les acabó el negocio a las compañías mineras
La sentencia reconoce que desde el 2008, y luego de que los indígenas se vieran obligados a abandonar su territorio, el Estado inició “una intensa concesión de títulos mineros en áreas que traslapan (cubren) el resguardo Indígena del Alto Andágueda”.
Las firmas Leo S.OM., Anglogold Ashanti Colombia, Explotaciones Chocó Colombia S.A, Sociedad Gongora S.OM, entre otras, fueron las beneficiadas por las concesiones de títulos otorgadas por el Estado, que correspondían a unas 31.000 hectáreas, lo que equivale a un 62% del total del territorio que conforma el Resguardo, según la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.
Sin embargo, y pese a que las grandes industrias mineras ya operan en la zona, la justicia ordenó “restituir los derechos fundamentales del pueblo Embera Katío del resguardo conformado por 33 comunidades que han sido seriamente afectados como consecuencia del conflicto armado interno”.
Debido a ello, la sentencia es directa en declarar la “inexistencia de los contratos de concesión o la nulidad de los títulos mineros, sobre las áreas que fueron concedidas dentro del territorio colectivos que le fue reconocido y titulado al pueblo Embera Katio del Resguardo Indígena del Alto Anágueda”. También le pide a la Agencia Nacional de Minería “negar las solicitudes del estudio y trámite de terceros ajenos a las comunidades indígenas”.
El fallo ordena que cualquier actividad minera sea aprobada solo a través del mecanismo de la consulta previa y la búsqueda de la aprobación por parte de la comunidad indígena.
La devolución de sus tierras también llegará con presencia del Estado
El fallo además ordena “a las entidades e instituciones de nivel nacional departamental y municipal ejecutar, en un plazo perentorio los compromisos adquiridos en el marco del retorno de la población Embera Katio desplazada del resguardo del Alto Andágueda”.
La justicia exige, por ejemplo, al Departamento de Prosperidad Social implementar en máximo 6 meses el programa Familias en Acción y el de Red de Seguridad Alimentaria (RESA).
A la Gobernación del Chocó les ordena crear tres puestos de salud, distribuidos en diferentes zonas con el concierto de las autoridades indígenas del resguardo. Para esta tarea también tendrían seis meses. Está claro en la providencia que dichos centros de salud deberán ser dotados con implementación y personal médico. Para los servicios, deberá levantarse un censo que inscriba a la comunidad al régimen subsidiado de atención sanitaria.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección deberá dotar de seguridad el resguardo y a su Guardia Mayor. Además los deberán asesorar en un plan de protección territorial y entregarán esquemas de seguridad a los casos en que se reporten amenazas individuales o colectivas a sus pobladores.
De igual forma la sentencia le ordena a la Fuerza Pública para que en el menor tiempo posible “haga la recuperación de las zonas pertenecientes al resguardo indígena que están siendo explotadas por las empresas Angloglod Ashanti Colombia S.A, Capricornio S.OM., Costa S.OM, Negocios Mineros S.A y cualquier otro particular ajeno a la comunidad indígena”.
Las instituciones de protección social, como el ICBF y los programas presidenciales de atención a la primera infancia también deberán empezar a ejecutarse de forma “inmediata y continua”.
El Ministerio de Educación tendrá que construir y adecuar las escuelas para garantizar la formación de los menores, con enfoque étnico.
Incluso se deberán asignar subsidios de vivienda a las familias que fueron desplazadas y retornan a sus tierras.
La sentencia pide “prorrogar las medidas cautelares en aras de salvaguardar la integridad física y cultural del pueblo indígena Embera Katío del Alto Andágueda”.
Ordena también a la Defensoría del Pueblo “capacitar a las autoridades, líderes e integrantes de las comunidades indígenas en temas como Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Territoriales y alcance del Derecho a la Propiedad Colectiva”.
La histórica decisión judicial se conoce un día después de que se desclasificaran los acuerdos alcanzados -hasta ahora- en el proceso de paz con las Farc en Cuba. En uno de sus capítulos, el relacionado con la tierra, se propone una reforma Rural Integral que restituya las tierras expropiadas y garantice el retorno de las comunidades desplazadas a sus otrora hogares. La comunidad internacional y la normativa colombiana exigen protección especial a las comunidades indígenas que detentaron por siglos la tenencia de ciertos terrenos, y que a través de la historia les fueron despojados.
Lea la sentencia completa AQUÍ
En el resguardo del Alto Andágueda habitan 31 comunidades nativas, con 1.454 familias y 7.270 personas.
Se les acabó el negocio a las compañías mineras
La sentencia reconoce que desde el 2008, y luego de que los indígenas se vieran obligados a abandonar su territorio, el Estado inició “una intensa concesión de títulos mineros en áreas que traslapan (cubren) el resguardo Indígena del Alto Andágueda”.
Las firmas Leo S.OM., Anglogold Ashanti Colombia, Explotaciones Chocó Colombia S.A, Sociedad Gongora S.OM, entre otras, fueron las beneficiadas por las concesiones de títulos otorgadas por el Estado, que correspondían a unas 31.000 hectáreas, lo que equivale a un 62% del total del territorio que conforma el Resguardo, según la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.
Sin embargo, y pese a que las grandes industrias mineras ya operan en la zona, la justicia ordenó “restituir los derechos fundamentales del pueblo Embera Katío del resguardo conformado por 33 comunidades que han sido seriamente afectados como consecuencia del conflicto armado interno”.
Debido a ello, la sentencia es directa en declarar la “inexistencia de los contratos de concesión o la nulidad de los títulos mineros, sobre las áreas que fueron concedidas dentro del territorio colectivos que le fue reconocido y titulado al pueblo Embera Katio del Resguardo Indígena del Alto Anágueda”. También le pide a la Agencia Nacional de Minería “negar las solicitudes del estudio y trámite de terceros ajenos a las comunidades indígenas”.
El fallo ordena que cualquier actividad minera sea aprobada solo a través del mecanismo de la consulta previa y la búsqueda de la aprobación por parte de la comunidad indígena.
La devolución de sus tierras también llegará con presencia del Estado
El fallo además ordena “a las entidades e instituciones de nivel nacional departamental y municipal ejecutar, en un plazo perentorio los compromisos adquiridos en el marco del retorno de la población Embera Katio desplazada del resguardo del Alto Andágueda”.
La justicia exige, por ejemplo, al Departamento de Prosperidad Social implementar en máximo 6 meses el programa Familias en Acción y el de Red de Seguridad Alimentaria (RESA).
A la Gobernación del Chocó les ordena crear tres puestos de salud, distribuidos en diferentes zonas con el concierto de las autoridades indígenas del resguardo. Para esta tarea también tendrían seis meses. Está claro en la providencia que dichos centros de salud deberán ser dotados con implementación y personal médico. Para los servicios, deberá levantarse un censo que inscriba a la comunidad al régimen subsidiado de atención sanitaria.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección deberá dotar de seguridad el resguardo y a su Guardia Mayor. Además los deberán asesorar en un plan de protección territorial y entregarán esquemas de seguridad a los casos en que se reporten amenazas individuales o colectivas a sus pobladores.
De igual forma la sentencia le ordena a la Fuerza Pública para que en el menor tiempo posible “haga la recuperación de las zonas pertenecientes al resguardo indígena que están siendo explotadas por las empresas Angloglod Ashanti Colombia S.A, Capricornio S.OM., Costa S.OM, Negocios Mineros S.A y cualquier otro particular ajeno a la comunidad indígena”.
Las instituciones de protección social, como el ICBF y los programas presidenciales de atención a la primera infancia también deberán empezar a ejecutarse de forma “inmediata y continua”.
El Ministerio de Educación tendrá que construir y adecuar las escuelas para garantizar la formación de los menores, con enfoque étnico.
Incluso se deberán asignar subsidios de vivienda a las familias que fueron desplazadas y retornan a sus tierras.
La sentencia pide “prorrogar las medidas cautelares en aras de salvaguardar la integridad física y cultural del pueblo indígena Embera Katío del Alto Andágueda”.
Ordena también a la Defensoría del Pueblo “capacitar a las autoridades, líderes e integrantes de las comunidades indígenas en temas como Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Territoriales y alcance del Derecho a la Propiedad Colectiva”.
La histórica decisión judicial se conoce un día después de que se desclasificaran los acuerdos alcanzados -hasta ahora- en el proceso de paz con las Farc en Cuba. En uno de sus capítulos, el relacionado con la tierra, se propone una reforma Rural Integral que restituya las tierras expropiadas y garantice el retorno de las comunidades desplazadas a sus otrora hogares. La comunidad internacional y la normativa colombiana exigen protección especial a las comunidades indígenas que detentaron por siglos la tenencia de ciertos terrenos, y que a través de la historia les fueron despojados.
Lea la sentencia completa AQUÍ
