La historia se repite una vez más. Desde el Congreso de la República denuncian que durante un bombardeo realizado por el Ejército Nacional en contra del ELN, el pasado 16 de septiembre, murieron cuatro menores de edad, información que fue ocultada por el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la denuncia del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, de las ocho personas que fallecieron en el bombardeo adelantado en El litoral de San Juan, Chocó, cuatro eran adolescentes, entre ellos, un joven de 13 años y tres de 17 años.
Hay que recordar que, la operación fue presentada como exitosa por parte del Ministerio de Defensa, al señalar que en ella se había dado de baja a varios guerrilleros y herido de muerte a alias ‘Fabián’. Sin embargo, como en otras ocasiones, el Ministerio no informó a la opinión pública que dentro de los abatidos hubiese adolescentes.
La edad de los fallecidos se confirmó luego de que el senador solicitara vía derecho de petición al Instituto Nacional de Medicina Legal dichos datos. Por lo tanto, la sociedad colombiana solo la conoce tres semanas después, tras la confirmación de la existencia de "cuerpos de menores de edad" recibidos por el Instituto para la práctica de necropsia medicolegal y que "según la documentación entregada por las autoridades competentes, están relacionadas con hechos ocurridos el 16 de septiembre".
Ante estos sucesos, Cepeda le solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Niños en los Conflictos armados, que realicen una visita al país para conocer de primera mano la situación que enfrenta la niñez con ocasión del reclutamiento forzado y del tratamiento de guerra que han recibido por parte de las Fuerzas Militares, y examinen las medidas adoptar en el marco de su mandato.
"La responsabilidad en la protección de la vida de los niños y niñas no corresponde únicamente a los grupos armados promotores del reclutamiento, quienes deben responder por cometer este crimen de guerra. El Estado colombiano tiene una obligación internacional de protegerlos. Sin embargo, ha sido una constante de las Fuerzas Militares realizar el método de mayor impacto y daño a la vida sin distinción: los bombardeos. No hay nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de vulnerabilidad y abandono estatal para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios", señaló el senador.
Finalmente, recordó que, con base en los principios del Derecho Internacional Humanitario, todas las actuaciones militares deben llevarse a cabo bajo estricta precaución, es decir, que una operación militar debe causar el menor daño posible respecto a la ventaja militar esperada. En este marco y bajo el interés superior de los niños y de las niñas, debe darse prioridad a preservar la vida de toda la niñez que se encuentre vinculada a los grupos armados, entendiendo que se trata de víctimas del conflicto.
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Durante el último año, el reclutamiento forzado aumentó en más de un 113%, incluso la Defensoría del Pueblo advirtió en 45 alertas tempranas que en 238 municipios de 5 departamentos del país, entre ellos Chocó, había un alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Pese a ello, contrario a desarrollar una estrategia integral para prevenir y atacar este flagelo, el Gobierno nacional ha decidido utilizar mecanismos de guerra sin observancia de los principios básicos de protección, prevención y precaución, convirtiéndose así en autor, al igual que los grupos armados ilegales, de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Esta situación se suma a lo ocurrido el 29 de agosto de 2019 en Caquetá, durante la operación Ataí y el 2 de marzo de 2021 en el Guaviare, cuando en una acción militar habrían sido asesinadas 14 personas, entre ellas menores de edad que permanecían en el campamento guerrillero.
¿Qué dicen las Fuerzas Militares?
Mediante un comunicado, las Fuerzas Militares señalaron que el bombardeo fue legítimo y acusaron al ELN de reclutar a menores de edad para que hagan parte de sus filas.
"El reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados en el territorio nacional, son ellos los llamados a responder por esta conducta según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (artículo 51 numeral 7 del protocolo I de Ginebra de 1977) y lo contenido en el Estatuto de Roma (artículo 8 literal B del numeral 23", reza el documento.
Asimismo, afirmaron que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, en este caso el ELN.
