Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una determinación para dar un plazo de tres días a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, y la Superintendencia de Notariado, para que sin incumplimiento rindan respectivos informes sobre los bienes de los excombatientes de las Farc.
Dichos bienes serán destinados, tal como explicó la oficina de prensa del tribunal, para la reparación de las víctimas de las Farc y sus allegados. Asimismo, en caso de que alguno de esos tres entes incumpla con la orden, será objeto de demandas por desacato.
La JEP argumenta en el documento de su decisión, de 35 páginas, que da carácter prioritario y urgente al cumplimiento de lo ordenado toda vez que "es el del caso recordar que el Acuerdo Final establece, en su punto 5, que 'resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc - EP'".
En concreto, la orden está dirigida a los funcionarios Sandra Faura Vargas, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de Mininterior, Daniela Andrade, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Supernotariado, y la directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Miryam Ortíz Quintero. El tribunal advirtió que contra su decisión no procede recurso alguno y que en caso de ser incumplida, dichas funcionarias podrían ser declaradas en desacato.
Asimismo, en el proceso que está en curso para rastrear los bienes de Farc que puedan servir para la reparación de las víctimas de sus acciones, están inmersos los excomandantes Pastor Alape y Rodrigo Londoño 'Timochenko', quienes deberán seguir colaborando con las autoridades para la entrega efectiva de los mismos.
Por último, el tribunal argumenta que acude a estos mecanismos al encontrarse con la "reprochable" falta de respuesta por parte de los tres entes estatales anteriormente mencionados cuando se les requirió a que entregaran tal información.
