La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se pronunció la tarde de este lunes en respuesta a los cuestionamientos que Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, hizo sobre la Ley Estatutaria que pondrá en funcionamiento la justicia especial y que sólo está a la espera de la sanción presidencial para entrar en vigencia.
En un corto comunicado a la opinión pública de tres puntos leído por el vocero de la JEP, Hernando Salazar, el tribunal reitera su pedido al presidente Iván Duque para que sancione con "carácter prioritario" la ley que reglamenta su funcionamiento.
Esto, dice el tribunal, en aras de proteger los derechos y las "garantías jurídicas de los 9.691 excombatientes de las FARC, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública" que se han sometido a esta jurisdicción especial y lo hace “teniendo en cuenta los derechos de las víctimas”. Este pedido ya lo habían hecho el 4 de febrero pasado.
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En el segundo y tercer punto, la JEP recuerda que la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C-80 de 2018, remitió el texto de la ley a los presidentes de la Cámara y el Senado para que ambos funcionarios lo firmarán y posteriormente pasara a ser sancionado y promulgado por el presidente de la República.
Por último, el tribunal reitera que seguirá actuando “como siempre lo ha hecho, en el marco estricto de la Constitución, la Ley y la jurisprudencia".
El presidente Duque anunció en las últimas horas que aunque no comparte elementos de la Ley Estatutaria de la Jep, " es preferible tener Ley Estatutaria que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa". Por su parte, el Fiscal Martínez expuso públicamente algunas de las diferencias que tiene con dicho proyecto de ley.
