El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista la llegada de Jorge Iván Cuervo al Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuervo confirmó que aceptó la propuesta, aunque la oficialización del nombramiento aún estaba pendiente al cierre de esta información.
La designación se da después de varios meses con la cartera en encargo. En noviembre de 2025, el Gobierno había designado a Andrés Idárraga como ministro encargado.
¿Quién es Jorge Iván Cuervo?
Cuervo es abogado y ha desarrollado buena parte de su carrera entre la academia y el servicio público. En su hoja de vida aparecen estudios en la Universidad Externado de Colombia, una especialización en derecho público, una maestría en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile y una especialización adicional en política social en la Pontificia Universidad Javeriana.
Trayectoria en el Estado y en el sector justicia
Antes de este nuevo rol, Cuervo ocupó cargos en entidades de control y administración pública. Su experiencia incluye trabajo en la Procuraduría General de la Nación, y luego funciones asociadas a la Consejería Presidencial para Derechos Humanos con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
También tuvo un paso directo por el Ministerio: fue jefe de oficina dentro de la entidad en los años noventa. Además, aparece su trabajo en la Veeduría Distrital y consultorías vinculadas a proyectos del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.
Un perfil con énfasis en políticas públicas
En el frente académico, Cuervo ha sido docente por años en el Externado, con cursos ligados a formulación de políticas públicas, incluyendo líneas relacionadas con justicia y derechos humanos. Eso lo perfila como un ministro más de diseño institucional y gestión que de militancia visible.
Retos inmediatos del Ministerio en 2026
La cartera llega a 2026 con tareas acumuladas y presión de tiempos. En la práctica, los temas que suelen marcar la agenda son claros: crisis carcelaria, medidas frente a dinámicas criminales que se ordenan desde centros penitenciarios, y el manejo de iniciativas que necesitan seguridad jurídica para no frenarse en tribunales. En paralelo, el Ministerio debe coordinarse con las altas cortes y con el Congreso en un momento en el que el margen político y administrativo es más corto.
Si el nombramiento se formaliza en los próximos días, el termómetro será simple: priorizar qué se puede ejecutar rápido, qué requiere trámite legislativo y qué no es viable bajo el marco constitucional vigente.
