En una campaña presidencial no todos los cargos pesan igual. Aunque en estas semanas han aparecido jefes de debate, voceros, coordinadores políticos y equipos sectoriales, hay una diferencia básica que suele perderse en la conversación pública: el único cargo expresamente regulado por la ley es el de gerente de campaña. Todo lo demás depende del diseño político, comunicativo y organizativo que quiera mostrar cada candidatura.
El único cargo que sí impone la ley
La Ley 996 de 2005 obliga al candidato presidencial a designar un gerente de campaña dentro de los tres días siguientes a la inscripción. Esa persona debe quedar registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), administrar los recursos, representar oficialmente a la campaña ante la autoridad electoral en asuntos de financiación y rendición de cuentas, y puede nombrar subgerentes territoriales. Además, junto con el candidato, el tesorero y el auditor, responde solidariamente por la presentación de informes contables y por el cumplimiento del régimen de financiación.
Ese punto cambia la lectura de muchas etiquetas que hoy circulan alrededor de las candidaturas. Gerente no es lo mismo que jefe de debate, vocero o coordinador político. El primero tiene una función jurídica precisa y obligaciones frente al CNE; los otros cargos son, sobre todo, herramientas de estrategia. Sirven para ordenar la vocería, marcar tono en medios, articular alianzas, dividir tareas regionales o exhibir respaldos, pero no forman una plantilla obligatoria ni homogénea para todos los aspirantes. La diferencia importa porque no todos esos nombres cargan el mismo peso institucional ni la misma responsabilidad legal.
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Las campañas ya muestran estilos distintos
La campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ha hecho visible un esquema amplio de jefes de debate y articuladores políticos. Entre los nombres divulgados aparecen David Luna, Miguel Ángel Pinto, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba, Diego Molano y otros dirigentes con experiencia de gobierno, Congreso o campaña. En ese caso, la señal parece clara: exhibir una estructura de respaldo político, enlaces regionales y figuras reconocibles para la disputa pública.
En Sergio Fajardo, la estructura comunicada hasta ahora combina con más nitidez lo legal y lo político: Jennifer Pedraza fue anunciada en la jefatura de debate y Federico Restrepo en la gerencia de campaña. A la vez, se han mencionado nombres para frentes temáticos como seguridad, salud, economía y ambiente. Más que una simple lista de voceros, allí se proyecta una campaña que intenta juntar defensa pública, perfiles técnicos y organización operativa.
En Iván Cepeda, la jefatura de debate recayó en María José Pizarro y Alexander López Maya, mientras que Roy Barreras optó por subrayar otra clase de engranaje al anunciar a Xavier Vendrell como coordinador político y sumar estrategas como Ángel Beccassino, Antonio Solá y Marco Cartolano. El contraste muestra que las campañas no reparten el poder interno de la misma manera: unas privilegian vocerías visibles; otras, coordinación política o asesoría estratégica.
Lo que en realidad revelan esos cargos
Más que un organigrama fijo, lo que se está viendo es la forma en que cada campaña quiere contarse a sí misma. Unos equipos comunican músculo político; otros, solvencia técnica; otros, capacidad de negociación o control del mensaje. Pero conviene no sobredimensionar esa foto pública: que una campaña anuncia más nombres no significa necesariamente que tenga una estructura más robusta, sino que decidió volverla más visible. En elecciones, el organigrama también comunica.
Por eso, al hablar de gerentes, jefes de debate y voceros, no se debería meter todo en el mismo saco. En una campaña presidencial, la ley sí obliga a responder por la plata y las cuentas; el resto de cargos responde a una decisión política sobre cómo organizar la vocería, repartir poder y proyectar autoridad. Ahí está la diferencia de fondo: una cosa es la estructura que exige la norma y otra la arquitectura que cada candidato arma para competir.
