Iván Cepeda puso sobre la mesa un decálogo que busca condensar su visión de país en diez líneas claras. No es un programa técnico ni un documento de ejecución, sino una hoja de ruta política, una forma de decirle al electorado hacia dónde quiere llevar a Colombia y con qué prioridades.
Los ejes de la propuesta
El punto de partida es un acuerdo nacional vinculante. Cepeda plantea la necesidad de sentar a distintos sectores políticos, económicos y sociales en una misma mesa para reducir la polarización y viabilizar reformas. Es, en esencia, una apuesta por gobernar con consensos en un país fragmentado.
En segundo lugar, insiste en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, no como un discurso simbólico, sino como una obligación del Estado que, a su juicio, sigue incompleta, especialmente en los territorios más golpeados por el conflicto.
Su propuesta de reforma a la salud mantiene el énfasis en lo público y en la prevención. La idea central es fortalecer la atención primaria y reducir los niveles de intermediación, en medio de un debate que sigue abierto en el país.
La reforma agraria efectiva aparece como otro eje estructural: acceso a la tierra, crédito y acompañamiento técnico para el campesinado. No es una idea nueva, pero sí uno de los puntos más reiterados dentro de su visión de transformación rural.
En materia de seguridad, plantea un giro hacia la seguridad humana, en el que la prioridad no sea únicamente el control militar, sino la protección de la vida, en especial la de líderes sociales y comunidades vulnerables.
La lucha contra la corrupción se plantea como una reforma institucional de fondo. Más que en casos individuales, el enfoque está en desmontar redes y privilegios dentro del Estado.
También propone una transición energética progresiva, con la intención de reducir la dependencia de los hidrocarburos y avanzar hacia energías limpias, en línea con debates globales y compromisos ambientales.
En el terreno político, sugiere una reforma que amplíe la participación y ajuste las reglas del sistema electoral, con el objetivo de lograr mayor representatividad y legitimidad institucional.
La defensa de los derechos humanos y de las víctimas atraviesa todo el decálogo. No es un punto aislado, sino un eje transversal y coherente con su trayectoria pública.
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Entre el mensaje político y la viabilidad
A este conjunto se suma un mensaje que busca marcar distancia en la forma de gobernar: austeridad en el Estado, incluida la reducción de salarios en el alto gobierno, empezando por el suyo. Es una señal política que apunta a la coherencia entre el discurso social y el manejo de los recursos públicos.
Finalmente, plantea una política económica orientada a reducir la desigualdad, con énfasis en mejorar los ingresos, fortalecer lo público y cerrar brechas sociales.
El decálogo de Cepeda es, en esencia, una síntesis ideológica y política. Ordena prioridades, marca un tono y define un enfoque. Pero, como ocurre con este tipo de propuestas, deja abiertas las preguntas clave: cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Ahí es donde la discusión deja de ser declarativa y se convierte en una prueba real de viabilidad.
