En medio del debate nacional sobre la reforma laboral revivida por el Gobierno, la agremiación Aliadas, que reúne a más de 30 organizaciones del sector productivo colombiano, expresó sus preocupaciones sobre el contenido y el trámite de la iniciativa. En entrevista con KienyKe.com, María Claudia Lacouture, vocera de la agremiación, señaló que tal como está planteada actualmente, la reforma representa riesgos importantes para la estabilidad económica, la generación de empleo y la confianza empresarial.
“Tal como está planteada, la reforma laboral genera múltiples riesgos: desincentiva la contratación formal, aumenta las cargas para las empresas, limita las opciones para los jóvenes y deja por fuera a más del 58% de los trabajadores que hoy están en la informalidad”, afirmó Lacouture. Si bien reconocen la necesidad de una transformación del marco laboral, desde Aliadas insisten en que esta debe construirse de manera rigurosa y legítima en el Congreso.
Uno de los puntos que más inquieta a la agremiación es la posibilidad de que el Gobierno insista en tramitar la reforma laboral a través de una consulta popular. Para Aliadas, esa vía no solo es inadecuada, sino que puede debilitar principios fundamentales del Estado de derecho. “En Colombia, el pueblo no legisla directamente. La Constitución asigna la facultad de hacer leyes exclusivamente al Congreso, como pilar del equilibrio de las ramas del poder público en la democracia. El pueblo participa, propone y opina, pero no legisla. Una reforma tramitada por fuera del Congreso debilita ese principio y puede generar ambigüedades y medidas poco aplicables”, puntualizó la vocera.
Aliadas reconoce que la consulta popular es un mecanismo legítimo de participación, pero considera que en este caso genera incertidumbre. “Abrir caminos paralelos al Congreso solo genera confusión y podría representar costos innecesarios en un momento fiscalmente sensible. Sin una discusión técnica, jurídica y económica adecuada, se debilita la previsibilidad del entorno. Eso genera desconfianza, frena decisiones de inversión y limita la capacidad de planificación de las empresas”, advirtió Lacouture.
La estabilidad normativa, añade, es clave para el crecimiento económico y la generación de empleo formal. En ese sentido, alertó sobre los efectos que puede tener una señal institucional equivocada. “El intento de sacar del Congreso reformas estructurales que ya están en trámite legítimo afecta la división de las ramas del poder público, genera inseguridad jurídica y pone en entredicho el valor del diálogo democrático”, indicó. “La confianza empresarial se sustenta en instituciones sólidas y procesos confiables. Cuando se percibe que el Gobierno puede alterar las reglas institucionales ante cada obstáculo, se reduce la certeza jurídica, se frena el emprendimiento y se afecta el crecimiento del país”.
A pesar de las críticas al contenido actual de la reforma y al mecanismo de consulta, Aliadas sí considera que Colombia necesita una transformación laboral, pero con condiciones. “Sí, Colombia necesita una reforma laboral, pero una que sea justa, integral e inclusiva. Que promueva el trabajo digno, amplíe la formalización, proteja los derechos y responda a la realidad del mercado laboral colombiano”, dijo Lacouture.
Para lograrlo, la agremiación propone un debate amplio y técnico desde el Congreso, con participación de todos los sectores involucrados: trabajadores, empresarios, jóvenes, informales y regiones. “Debe estar articulada con la reforma pensional y de salud, y orientarse a cerrar brechas de desigualdad. En Aliadas creemos en reformas construidas desde la institucionalidad, con evidencia, diálogo social y responsabilidad compartida”, concluyó.
Así, el gremio empresarial se suma a las voces que, sin desconocer la necesidad de una reforma laboral, piden que esta se dé en un marco institucional y técnico que garantice estabilidad jurídica, confianza inversionista y sostenibilidad económica de largo plazo.
