El hallazgo de 614 millones de pesos en un carro que está registrado a nombre del Congreso de la República y que dio como resultado la captura de Luis Javier Rojas ha sacado a la luz irregularidades en subastas de automóviles a nombre del legislativo. 80 carros vendidos aún figuran a nombre del parlamento.
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La preocupación de las autoridades radica en los beneficios que presentan los automóviles que están a nombre de funcionarios públicos y, en general, aquellos con blindaje superior o igual al 'nivel 3': No tienen pico y placa y, lo que es alarmante, no pueden ser inspeccionados por la Policía, a menos que sean escoltados a una estación.
Los privilegios de estos carros, de los que se desconocen sus actuales poseedores, serían idóneos para desarrollar actividades delictivas. Por ejemplo, podrían ocultarle a las autoridades cualquier tipo de contenido que transporten. Quienes tengan estos automóviles tampoco se preocupan por pagar multas o impuestos, ya que es el órgano legislativo el encargado de desembolsar este tipo de gastos.
Otra de las preocupaciones de las autoridades es que los automóviles terminen en manos de funcionarios, congresistas o allegados y familiares de estos, como fue el caso de Luis Javier Rojas, hijo de Magdalena Morera, Directora Financiera del Senado, porque podrían encubrir actividades irregulares.
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En el año 2012, fue adjudicado un contrato que terminaba en 2015 a la firma Nave Ltda., la cual se encargaría de subastar cerca de 162 vehículos de los 260 que la Contraloría aconsejó vender para evitar pagar sus gastos operativos de mantenimiento y parqueadero. De esos automóviles, en este momento 80 aún se encuentran a nombre del Congreso, mientras que cuatro no aparecen.
Magdalena Morera, Directora Financiera del Senado, encargada de entregar los automóviles a la mencionada empresa, fue suspendida el pasado martes mientras la Procuraduría adelanta las respectivas investigaciones sobre ese caso.
La Comercializadora Nave Ltda. no sólo se encargaba de realizar las subastas y pagar al Congreso el valor de las ventas sino que tenía la obligación de hacer el traspaso de los papeles para que los vehículos no siguieran perteneciendo al Estado.
Las investigaciones que se adelantan por estos hechos se enfocan en diferentes ámbitos: Se estudia si el Congreso ha pagado por multas e impuestos de los 80 carros, si terminaron en manos de familiares o allegados de congresistas o funcionarios o si están al servicio de bandas criminales. Se presume que el dinero encontrado en el carro que conducía Rojas pertenecía a grupos ilegales.
Nave Ltda., fundada por Nazareno Conrado Moreno, no sólo tendría contratos con el Congreso, también con otras entidades del estado como la Presidencia de la República, la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según informó El Tiempo, Conrado fue citado el pasado miércoles por la Dirección Administrativa del Senado y afirmó que no tiene conocimiento de quién compró el vehículo incautado el lunes.
Además, la firma, fundada en 1990, fue la encargada de vender bienes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Sena, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el DAS, la Fiscalía y las Fuerzas Militares. Actualmente registra activos por más de 2.000 millones de pesos.
