David Barguil junto con un grupo de representantes a la Cámara del Partido Conservador se unieron en un documento que consagra las razones por las que la colectividad no votará la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en este momento enfrenta su última semana al interior del Congreso por la vía del 'Fast Track'.
El texto afirma que la negativa ante la JEP, punto clave del Acuerdo de Paz, se refiere que para los firmantes, el texto de la ponencia no cumple con las expectativas de verdad, justicia, reparación y no repetición de delitos por parte de los exguerrilleros, en cambio si revictimiza y tiene un fuerte componente de sesgo.
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El documento enumera siete razones por las cuales los representantes a la cámara del Partido Conservador se niegan a votar la JEP.
La primera arremete contra la participación política de las Farc, sin antes haber respondido frente a la justicia por sus actos. "No admitimos la participación política de los exguerrilleros sin que primero hayan pasado por la justicia transicional. Es probable que la JEP dicte sentencia condenatoria contra estas personas después de que hayan sido elegidos el 11 de marzo; esto, además de exponernos abiertamente a la Corte Penal Internacional, es una revictimización y cachetada a los millones de víctimas de las Farc".
En una segunda instancia sancionan la falta de claridad frente a las sanciones que recibirán los exmilitantes de las Farc que no cumplan con lo acordado. "Es inaceptable que a estas alturas no haya claridad sobre los beneficios que perderán los ex guerrilleros que incumplan sus compromisos, no cuenten toda la verdad ni reparen a sus víctimas. Resulta inconcebible pensar que quienes infrinjan lo acordado y, además cometan nuevos delitos, no se vean sometidos a la justicia ordinaria".
Como tercer punto nuevamente se hace hincapié en la falta de claridad sobre el proceso de extradición por delitos relacionados con la producción y tráfico de estupefacientes. "En este sentido, manifestamos nuestro desacuerdo con que aún no haya claridad sobre la extradición para los exguerrilleros que reincidan o cometan nuevos delitos relacionados con el narcotráfico".
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Un cuarto punto de desacuerdo reside en la selección de los Magistrados que conformarán el tribunal de paz alegando sesgo ideológico. "Nos oponemos a la conformación actual del tribunal de paz, integrado por magistrados con un claro sesgo ideológico que no da plenas garantías a la sociedad civil. Rechazamos que en la ponencia en Cámara, el Gobierno haya eliminado el régimen de inhabilidades aprobado en Senado, el cual buscaba un mayor equilibrio para dicho tribunal".
Un quinto aspecto resalta la posibilidad que los listados de las Farc puedan ser reabiertos y se incluya a personas que no estuvieron consideradas previamente. "Es preocupante que se dé la posibilidad de reabrir las listas e incluir nuevos exguerrilleros para que ingresen a la sala de amnistía y que, además, quienes tomen esa decisión sean los magistrados del tribunal sesgado de la JEP".
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En ese orden de ideas, la sexta razón que exponen los representantes conservadores para no votar la JEP es que "la redacción de la ponencia en Cámara deja dudas sobre la posibilidad de que dicho tribunal de paz opere sobre terceros. Esto no da garantías e incumple el mandato de la Corte Constitucional sobre la “voluntariedad” que debe operar en estos casos".
Finalmente, el último punto hace referencia al tratamiento que debería darse a delitos como el abuso contra los niños. "No entendemos por qué se trata con ambigüedad y hacia futuro un tema tan delicado como los delitos sexuales contra los menores de edad. Debe quedar muy claro que este tipo de delitos serán tratados en la justicia ordinaria, como corresponde".
