La Corte Penal Internacional (CPI) expresó que es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga un marco legal definido y hace un llamado para que la Fiscalía y el tribunal de paz establezcan una distribución eficaz de trabajo.
Por medio del vicefiscal James Stewart, la Corte manifestó su apoyo a la JEP como el mecanismo clave de justicia transicional en conformidad con el Acuerdo de Paz: "Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma".
Stewart también declaró que ha escuchado las preocupaciones planteadas por el fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, por ejemplo, acerca de llevar a los autores directos a rendir cuentas. Y reitera, como deseo, que el tribunal de paz y la Fiscalía trabajen juntas con el fin de "establecer una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido".
"De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones", advirtió el vicefiscal del tribunal internacional. https://twitter.com/teoloax/status/1097927091000086529Esta declaración se produce luego de que distintos sectores políticos y el propio Martínez, le pidieran al presidente Iván Duque que se objete la Ley Estatutaria del tribunal de paz. "Con el texto sometido a sanción presidencial, los delitos después del Acuerdo de Paz quedan en competencia de la JEP y no de la Fiscalía", además esto podría generar que "los reinsertados que continúan en el narcotráfico seguirían con beneficios, y es contraproducente porque la política contra el narcotráfico estaría fracturada", afirmó Martínez Neira. Tras sus declaraciones, este miércoles en el centro de Bogotá convergieron líderes de distintas corrientes políticas acordando unirse en la defensa del interés común de la paz, ante lo que consideraron como una "amenaza a la institucionalidad y el equilibrio democrático de poderes". La Corte Penal Internacional es el máximo tribunal que juzga a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, agresión y de lesa humanidad, previstos en el Estatuto de Roma. Esta se encuentra realizando un examen preliminar del caso colombiano y ha hecho seguimiento a las decisiones del Estado para que estos crímenes no queden en la impunidad. "La Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, se ha referido siempre a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, desde la perspectiva de sus propias responsabilidades de evaluar si las autoridades nacionales se están ocupando de los crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de manera genuina", concluyó Stewart.
