El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, les pidió a los funcionarios que hacen parte de las diversas ramas del Estado de su país que renuncien.
“Hacemos un llamado a los funcionarios públicos principales del Estado de Nicaragua a que renuncien inmediatamente a sus cargos y no continuar acumulando responsabilidades penales”, aseveró Leiva en una declaración a los medios.
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Leiva afirmó que la justicia de los derechos humanos “llegará hasta el último rincón de Nicaragua para una investigación, seguimiento y castigo de los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio”.
El pronunciamiento del líder de la ONG se da luego de la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua y hasta ahora considerado aliado del Gobierno, Rafael Solís Cerda.
"Siento que no se está haciendo un esfuerzo serio en el país para volver a un diálogo nacional, se ha anulado la división de poderes en todos los poderes. Existe un estado de terror”, sostuvo Solís al explicar su renuncia a los medios.
ANPDH situó el pasado 11 de enero en 561 la cifra de personas fallecidas durante la violencia que se ha vivido en las manifestaciones que se desarrollan en Nicaragua desde mediados del pasado mes de abril.
La ONG indicó que la cifra de muertos se registró entre el 19 de abril de 2018 y el 3 de enero de este año. Resaltó, además, que durante ese tiempo hubo 4.578 heridos.
Las manifestaciones en Nicaragua fueron convocadas en abril en rechazo a una reforma al seguro social promovida por el Ejecutivo. El Gobierno revocó la propuesta, pero las protestas continuaron y se transformaron en unas movilizaciones en contra de la administración de Daniel Ortega.
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