Durante el consejo de ministros celebrado en la noche del viernes 15 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro instruyó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, que se emitiera la convocatoria formal para la licitación del Canal 1, aun cuando la concesión vigente fue adjudicada a Plural Comunicaciones S.A.S. y está legalmente en firme hasta 2037.
Según Petro, su propósito detrás de esta orden es instaurar “una nueva forma de manejar la televisión”, en la que los espacios estén en manos de las juventudes, del arte y la cultura, y no controlados por el gobierno ni por grandes grupos económicos.
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Esta decisión generó una ola de críticas inmediatas por parte de periodistas, empresarios, directores del canal y analistas, quienes consideran la medida como una forma de “expropiación” y un golpe directo a la libertad de expresión y al pluralismo informativo.
Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, respondió con énfasis que “no existe sustento jurídico” para la acción presidencial, ya que la concesión fue otorgada por ley hasta mayo de 2037, y calificó la medida como una forma de matoneo a la prensa independiente. A su vez, afirmó que el canal “cumple con todas sus obligaciones”, es visto mensualmente por 13 millones de colombianos, ostenta más de 15 millones de seguidores en redes sociales y produce contenidos locales y regionales con premios de alta relevancia.
La controversia se arraiga en una supuesta modificación accionaria de Plural Comunicaciones a finales de 2022, que según el MinTIC no fue informada ni registrada en el Registro Único de Operadores (RUO), requisito contractual. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades sustenta que no fue necesario su aval para esa transacción y que no se detectó subordinación societaria entre las entidades involucradas.
Esto dice la opinión pública
Voces como la del periodista Luis Carlos Vélez han sido firmes: “Canal Uno tiene contrato vigente hasta 2037. Abrir una licitación antes de tiempo es una expropiación. Esto es un ataque contra la empresa privada, la libertad de expresión y la prensa”. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, también advirtió que la medida constituye “un atentado contra la libertad de prensa y la democracia en Colombia”, pues las concesiones son derechos adquiridos constitucionalmente amparados.
Melquisedec Torres, periodista y abogado, fue aún más enérgico al calificarlo como un acto “sin ninguna razón legal”, porque, aseguró, “el presidente ordenó abrir una licitación para tumbar la concesión y entregarla a quien él diga”. Por su parte, Cristian Verbel, CEO de La Opinión y Catalítico, lo describió como “un ataque directo a la prensa libre”, subrayando que el Canal 1 es el único canal abierto con voces plurales e independientes.
El concejal Daniel Briceño, desde la alcaldía de Bogotá, coincidió en que se trata de una expropiación: “Si el Canal 1 tiene contrato hasta 2037, ¿por qué Petro da la orden de licitarlo en 2025? Está diciendo que lo expropien para unirlo a su máquina de propaganda”
