La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que organismos del Estado le informaron sobre un supuesto plan narcoterrorista para asesinarla, en el que se habría ofrecido una recompensa de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, aseguró posteriormente que no existe una amenaza real en su contra.
Según Valencia, la alerta le fue comunicada por altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional. “He sido informada de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, afirmó la candidata, al señalar que la información provenía de fuentes oficiales.
De acuerdo con su versión, el plan estaría atribuido al Frente 42 de las disidencias de las antiguas Farc, presuntamente bajo el mando de un hombre conocido como alias 'Buche Tula', quien habría recibido el encargo de ejecutar el atentado. La candidata explicó que decidió hacer pública la denuncia porque, a diferencia de amenazas anteriores, esta habría sido confirmada directamente por el Gobierno y contaba con autorización para divulgarla.
Valencia también aprovechó para cuestionar la política de seguridad del Ejecutivo y el enfoque de “paz total”, al señalar que, en su opinión, ha favorecido a estructuras criminales. “Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo”, sostuvo, al tiempo que insistió en que estos hechos reflejan un deterioro en las condiciones de seguridad del país.
Pese a la gravedad de la denuncia, la candidata aseguró que no modificará su agenda política ni su presencia en territorio. “No vengo aquí a quejarme ni a victimizarme; vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente”, afirmó, reiterando que continuará en plazas públicas y actividades de campaña.
Asimismo, envió un mensaje sobre las medidas que adoptaría en caso de llegar a la Presidencia. Indicó que uno de sus primeros actos sería reactivar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, al considerar que no deben tener participación en escenarios políticos.
No obstante, horas después de la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una versión distinta. El funcionario aseguró que, tras labores de inteligencia, fue descartada cualquier amenaza concreta contra la integridad de la candidata.
“El análisis permitió establecer que no existe una amenaza real contra la candidata Paloma Valencia”, indicó el ministro, quien agregó que la alerta inicial había sido atribuida a la estructura 42 de las extintas Farc o a un individuo conocido como alias “Buche de Tula”, con antecedentes en delincuencia común.
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Sánchez precisó que esta conclusión ya fue comunicada tanto a la campaña como a la propia candidata. Además, subrayó que el Gobierno mantiene medidas de seguridad y seguimiento para proteger a todos los aspirantes presidenciales en el país.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político, en medio de un contexto electoral marcado por preocupaciones sobre la seguridad. Mientras la candidata insiste en la existencia de un plan en su contra, el Ejecutivo sostiene que no hay evidencia que confirme una amenaza inminente, aunque mantiene vigilancia sobre posibles riesgos.
