Un juez administrativo de Bogotá ordenó que 50 excongresistas condenados por parapolítica, devuelvan el dinero que les entregó el Estado por el concepto de reposición de votos, salarios, prestaciones de ley entre otras exigencias que en su momento hicieron los cuestionados políticos. Esta orden también recae contra los partidos de los involucrados.
En la sentencia el tribunal aseguró que, “los partidos, movimientos políticos, grupos ciudadanos, así como los candidatos avalados por estos movimientos quienes resultaron electos y luego condenados en la Corte Suprema de Justicia o por la justicia ordinaria, señalados bajo el delito de concierto para delinquir u otros delitos, deben devolver los dineros”.
En el caso de los excongresistas, la sentencia la ordena al Congreso de la República iniciar los procesos de restitución de los dineros por todo concepto que hayan recibido a lo largo de su trabajo en el Parlamento, todos aquellos que hayan sido condenados por la Corte Suprema de Justicia o por la justicia ordinaria por este delito.
Los partidos políticos involucrados son:
Partido Liberal
Partido Conservador
Movimiento Apertura Liberal
Cambio Radical
Convergencia Ciudadana
Partido de la U
Colombia Democrática
Movimiento Viva Colombia
Movimiento Alas Equipo Colombia
Movimiento Moral
Dentro de los 50 políticos, se destacan los exsenadores:
Mauricio Pimiento condenado en 2008 por haberse beneficiado con la repartición electoral que hizo el desmovilizado líder paramilitar 'Jorge 40'. Mario Uribe Escobar fue el primer presidente del Congreso condenado por parapolítica en 2013. Ciro Ramirez Pinzón, el exsenador se convirtió en una de las caras visibles de la parapolítica en Boyacá. Juan Carlos Martínez Sinisterra, fue condenado por el apoyo político que recibió de los paramilitares del Bloque Calima. Luis Eduardo Vives Lacouture, tras su paso por el partido de la U, fue condenado a siete años de prisión por el proceso de la Parapolítica en 2008. Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García lleva años tratando de esquivar una pena de 40 años por este mismo delito.
Cabe destacar que los involucrados con este escándalo se relacionan principalmente con el uso indebido de sus influencias y la financiación electoral de grupos al margen de la ley (paramilitares) en sus actividades proselitistas.
