Alrededor del sometimiento de actores del conflicto armado a la Justicia Especial para la Paz (JEP) se han dicho muchas cosas. Recientemente uno de los temas que abrió el debate fue la posibilidad de que miembros relacionados con el paramilitarismo se sometieran a la justicia transicional.
Inicialmente dos excongresistas fueron los responsables de sacar este planteamiento a la luz. David Char y Álvaro Aston tenían la intención de comparecer ante el tribunal especial. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz negó el sometimiento al considerar que sus actuaciones "no tuvieron relación directa con el conflicto" y que solo perseguían intereses políticos.
“Esta sala encuentra que al no ser investigado el señor Ashton Giraldo por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidos con causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente para conocer del presente asunto”, expresó la Sala de Definición en su decisión.
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Tanto a Ashton como a Char se les relaciona con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pero la JEP determinó que actuaron bajo intereses políticos y no con intención de participar activamente en el conflicto armado contra algún tipo de guerrilla, o bajo la vulneración de los derechos humanos.
La exclusión de los dos excongresistas abrió una serie de cuestionamientos sobre las posibilidades de grupos paramilitares en la JEP. Ante esto, el Tribunal aclaró que este es un caso especial, pero quienes fueron actores del conflicto desde el paramilitarismo sí tienen cabida en el sistema transicional.
“Debe advertirse que los casos de los congresistas investigados por el fenómeno de la parapolítica revisten sendas irregularidades que no permiten concebirlos de igual manera a nivel general. Sino entendidos desde sus propias dinámicas regionales y conforme a los pactos particulares en los que se circunscribieron”, señala un comunicado de la JEP.
Y añadió: “Solo en aquellos eventos en los que probatoriamente se ventilen situaciones en las que el aporte del agente del Estado con las autodefensas esté encaminado a cometer graves conductas relacionadas con el conflicto, pueden ingresar a esta jurisdicción”.
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Pero este no es el único revés que ha tenido la Jurisdicción de paz, el nombramiento de Martha Lucía Zamora como nueva secretaria ejecutiva del tribunal no cayó bien entre Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares que a través de una carta le hicieron conocer su inconformidad al presidente Santos.
El principal argumento es que como exasesora de Gustavo Petro sus lineamientos políticos e ideologícos atentan contra los militares, “señora conocida por su identidad y afinidad al pensamiento político y al actuar del doctor Petro Urrego, quien destila el veneno del resentimiento social, un visceral e inocultable hacia los militares y quien además alienta entre clases sociales”, señala la carta formada por el general Héctor Fabio Velasco.
