El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), denunció que en medio de la emergencia sanitaria que afronta el país por la pandemia del Covid-19, se han presentado siete asesinatos de personas que hacen parte de la población en proceso de reincorporación.
"Esta situación de zozobra e inseguridad responde a un plan sistemático de exterminio contra los firmantes del acuerdo de paz y lideres sociales que promueven su implementación. Es un delito de crimen contra la paz, en el marco del derecho internacional, que cuenta con complicidad del Gobierno Nacional. Esta situación se está construyendo en una nueva frustración de construir un país en paz", mencionó el partido en un comunicado.
Según la entidad de interés público, siete de sus compañeros asesinados en el periodo de declaración de la emergencia, por lo que la cifra de excombatientes que han perdido la vida hasta este 08 de abril, serían 194.
Sin embargo, en el registro que hace Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), hasta el momento se reconoce la muerte de tres firmantes del acuerdo de paz desde el inicio del aislamiento:
- José Isidro Cuesta Ricas, falleció el 29 de marzo en Jiguamiandó, Chocó.
- Juan Carlos Castillo Certijama, falleció el 30 de marzo en Puerto Asís, Putumayo.
- Carlos Alberto Castillo, falleció el 03 de abril en Planadas, Tolima.
Los políticos informan que hay un crecimiento insostenible de estigmatización y persecución, a las cerca de 13 mil personas reincorporadas con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ya que se notifican permanentemente atentados contra sus vidas y las de sus familias.
"Los enemigos de la paz acechan y persiguen a toda la ciudadanía en proceso de reincorporación. Así lo evidencian los recientes asesinatos ocurridos en Chocó, Putumayo y Tolima, entre otros territorios, donde han caído asesinados nuestros compañeros en plena emergencia sanitaria", expresa el documento.
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Para los reincorporados esta situación tiene es grave porque el Gobierno Nacional no ha establecido medidas electivas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que permitan afrontar un eventual contagio del coronavirus, poniendo en condición de vulnerabilidad a toda la población en proceso de reincorporación.
Por esta razón exigen al Estado colombiano hacer efectiva la implementación integral del acuerdo de paz y hacer efectivas las garantías de seguridad estipuladas en el punto 34.
Además, solicitaron a la Misión de Verificación de la ONU de países garantes, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a los organismos humanitarios, elevar sus acciones de acompañamiento y control en esta crisis que atraviesa el proceso de paz en Colombia.
