El Consejo de Estado ha dictado una resolución que exige al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras, tras una serie de acusaciones realizadas por el mandatario contra el exmiembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS.
El fallo ha sacudido el ámbito político colombiano, especialmente en un contexto de tensiones y controversias en el sector salud.
La disputa comenzó cuando el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para atacar a Enrique Vargas Lleras, a quien acusó de ser responsable de una supuesta pérdida de $5,5 billones en facturas de deuda que, según la Superintendencia de Salud, mantiene la Nueva EPS.
Petro alegó que la familia Lleras debería rendir cuentas por esta situación financiera, insinuando un vínculo entre Vargas Lleras y la crisis que afecta a la entidad de salud.
En respuesta a estos señalamientos, Enrique Vargas Lleras solicitó amparo al Consejo de Estado, alegando que su derecho a la honra y al buen nombre había sido vulnerado por las acusaciones del presidente. La Sección Tercera del alto tribunal determinó que las afirmaciones de Petro carecían de la debida verificación y rigurosidad, ordenando al mandatario retractarse y ofrecer disculpas públicas.
El Consejo de Estado emitió una sentencia en la que subrayó que el presidente de la República tiene el deber de verificar exhaustivamente la información antes de hacer declaraciones públicas. Según el fallo, Petro no cumplió con este requisito y, en consecuencia, se ordenó que se retractara y pidiera disculpas por sus publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024, así como por su alocución del 6 de junio del mismo año, en las cuales hizo los controvertidos señalamientos contra la familia Vargas Lleras.
El tribunal concedió un plazo de cinco días para cumplir con esta orden, subrayando la importancia de proteger el derecho al buen nombre y la honra de los ciudadanos, incluso cuando se trata de figuras públicas.
Enrique Vargas Lleras, por su parte, emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones de Petro. En su declaración, Vargas Lleras negó rotundamente cualquier implicación en el ocultamiento de deudas o gastos ilegales durante su tiempo en la Junta Directiva de la Nueva EPS. Enfatizó que todas las operaciones realizadas fueron auditadas por prestigiosas firmas internacionales, como Deloitte and Touche y KPMG, que confirmaron la legalidad y transparencia de las actividades de la entidad.
Vargas Lleras también aclaró que su rol en la Nueva EPS se limitaba a ser representante de la Caja de Compensación Familiar Cafam, y que la junta directiva no tenía conocimiento de las alegaciones de ocultamiento de deudas. Destacó que cualquier irregularidad debería ser explicada por quienes estaban al frente de la administración en el momento en que se produjeron.
