Este miércoles, una vez conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender el proceso de contratación del proyecto para construir una troncal de TransMilenio por la carrera Séptima, la representante a la Cámara María José Pizarro celebró la decisión e indicó que las denuncias que ella presentó el pasado 21 de marzo ante el ente de control han tenido resultado positivo.
"Es una gran noticia en defensa de los intereses de los ciudadanos. Efectivamente la Procuraduría tomó la decisión de suspender el proceso de contratación pero también abre investigación por todo lo que viene sucediendo en la construcción del TransMilenio por la Séptima. Este es el resultado de una serie de reivindicaciones que distintos colectivos venían realizando, plataformas ciudadanas y de veedurías", explicó.
"Nosotros precisamente, en línea con esa defensa de la Séptima que ha venido realizando la ciudadanía, solicitamos a través de un trabajo investigativo a la Procuraduría que abriera una pesquisa contra este proyecto. Esto quiere decir que las denuncias ciudadanas han dado fruto y hoy la Procuraduría se ha manifestado en ese sentido", recalcó.
Las irregularidades denunciadas
Pizarro y el equipo de investigadores hallaron que en dicho proyecto existe un alto "riesgo de que las obras construidas según diseño del Consultor no aseguren estabilidad de la obra, ya que los parámetros geotécnicos no se tomaron de perforaciones en sitio sino de desarrollos teóricos".
Por otra parte, el mismo proceso de contratación está ante el presunto peligro de "recibir ofertas no comparables" por parte de las constructoras involucradas, dada la falta de especificaciones técnicas y materiales en los diseños presentados para el proyecto, lo que "violaría los principios de la contratación, en particular los de transparencia y economía, que según los artículos 23 y 24 de la Ley 80, deben regir las actuaciones contractuales de las entidades estatales".
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Cortesía prensa M.J. Pizarro[/caption]
Más aún, la denuncia pone el dedo en la llaga en que no existe claridad "si a día de hoy se tienen los permisos definitivos y de las entidades correspondientes" en torno al proyecto, "y si ya se tienen los estudios y diseños definitivos, que debió entregar Ingetec como parte de sus obligaciones contractuales". Lo más preocupante en ese sentido, según la denuncia, es
"¿por qué se tiene contemplado en la licitación como condición y obligación que los contratistas de obra deberán 'elaborar sus propios estudios y diseños de detalle...' y que los entregados por el consultor Ingetec son solo 'información que tiene relación con el proceso de selección', cuando todo el proceso licitatorio en curso y los contratos de obra que se adjudicarán próximamente se basan en dichos estudios y diseños?"
A partir de ello la denuncia señala dos irregularidades, un posible detrimento patrimonial "además de técnico, por más de 12,5 mil millones de pesos (...) pues se infiere que los estudios y diseños se volverán a pagar". Asimismo, se habría producido un presunto cambio de objeto contractual.
"Entonces nosotros celebramos la decisión y
estaremos muy atentos al desarrollo de la investigación, defendiendo siempre los intereses de los ciudadanos, nuestro patrimonio cultural, la calidad de vida de los bogotanos y, sobre todo, denunciando lo que para nosotros ha sido claro ejemplo de una pésima operación no solo por parte de las firmas que presentaron los diseños sino del IDU, que a pesar de haber tenido toda una serie de hallazgos no hizo nada para subsanar dicha situación", concluyó Pizarro.