El 24 de diciembre, cuando millones de colombianos se disponían a celebrar con sus familias la Nochebuena, la Presidencia de la República expedía el decreto 1851 de 2021, con el que creó más de 1.200 cargos en la Procuraduría General de la Nación, que significarán cerca de 11.930 millones de pesos en el presupuesto de nómina de la entidad. El anunció generó profunda controversia y el descontento de la opinión pública.
Según reveló W Radio, no se ha ha definido el proceso de selección para los nuevos cargos en la entidad que dirige Margarita Cabello, lo que en términos coloquiales da luces de nombramientos "a dedo" o, técnicamente, de libre nombramiento y remoción.
Los nuevos cargos representan más de 11 mil millones de pesos para el Estado y se distribuirán de la siguiente manera:
- Despacho de la procuradora general: 20 asesores, (grado 24) salario promedio: 10 millones de pesos. ($24,000,000)
- Despacho del viceprocurador: 1 director (grado EB) salario promedio: 22 millones de pesos ($22,000,000)
- Procuradores delegados: 10 (grado EA) salario promedio: 34 millones de pesos ($340,000,000)
- Procuradores delegados de periodo: 3 (grado EA), salario promedio: 34 millones de pesos ($102,000,000)
- Procuradores regionales: 32 (grado ED), salario promedio: 13 millones de pesos ($416,000,000)
- Procurador distrital: 1 (grado EE), salario promedio: 13 millones de pesos ($13,000,000)
- Procurador provincial: 60 (grado EF), salario promedio 13 millones de pesos ($780,000,000)
- Asesores: 491 (grado: 19) salario promedio: 9 millones de pesos ($4,419,000,000)
- Profesional universitario, 247 (grado 18), salario promedio: 18 millones de pesos ($4,496,000,000)
- Coordinador administrativo: 5 (grado 17), salario promedio: 5 millones de pesos ($25,000,000)
- Profesionales universitarios: 269 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($1,076,000,000)
- Técnicos investigadores: 10 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($40,000,000)
- Auxiliar administrativo: 59 (grado 10), salario promedio: 3 millones de pesos ($177,000,000)
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Uno de los datos más insólitos de la generosa ampliación de la planta de la Procuraduría es que, el pasado dos de junio, con la polémica encendida por este proyecto de ley, la procuradora Margarita Cabello negó que se fueran a crear cientos de nuevos cargos en la entidad, sí, cientos, pues en ese momento se hablaba de 500 puesto nuevos, no de 1.200 como finalmente se ordenó.
"No es cierto lo que están diciendo, ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría, ni mucho menos decir que es burocracia lo que se le va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de separar investigación y juzgamiento, implica hacer unas reestructuraciones dentro de la propia Procuraduría, y luego de un análisis determinar si faltan cargos y entrar a nombrar los pocos cargos, siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita", afirmó en un video que publicó la Procuraduría para responder a las críticas.
Es de señalar que, los nuevos cargos fueron aprobados en el proyecto de reforma al Código General Disciplinario. El cual además le atribuyó facultades jurisdiccionales a la Procuraduría. La iniciativa, que se convirtió en ley, buscaba fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, otorgó más poderes a la Procuraduría para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
La iniciativa fue presentada luego de que la Procuraduría acogiera lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El articulado está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.
Esta reforma al Código General Disciplinario duplicó los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país. Lo anterior, porque como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tiene que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
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Tras la polémica, el órgano de control respondió que está fortaleciendo su capacidad misional. Aseguró que la provisión de estos cargos no será inmediata y que no generará adiciones al presupuesto ordinario asignado a la Procuraduría.
Para crear los nuevos cargos, la Procuraduría explicó que realizó un estudio de funcionamiento de la entidad, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se analizaron las cargas laborales, la planta existente de la Procuraduría y las competencias asignadas. "Este estudio concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles", detalló.
Además, explicó que los cargos a proveer son de diferentes niveles y buscan el fortalecimiento de la función disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del servicio, buscando promover políticas como la de primer empleo y la de la profesionalización de la planta de la Procuraduría General de la Nación.
