Mientras en el Congreso cursan las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, radicó un proyecto de ley para que los delitos sexuales sean juzgados únicamente por la justicia ordinaria.
Una de las principales propuestas para quienes buscan reformar la JEP, es que los delitos de violencia sexual cometidos contra menores no sean competencia de ese tribunal, porque podrían quedar impunes, según argumentan los opositores. Además hace parte de las objeciones del presidente Iván Duque, presentadas el pasado 10 marzo, contra la ley estatutaria del Tribunal Especial.
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En ese sentido está el proyecto de ley que presentó Borrero ante el Congreso este jueves sobre las 6:00 pm. que pretende modificar el artículo 44 de la Constitución Política que reza que "cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores", de violar los derechos de los niños y no establece la autoridad competente de juicio.
Lo que pretende el proyecto de la jefe de la cartera de justicia, es agregar a ese artículo de la Carta Magna, el aparte: "Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”.
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Lo cual excluiría los tribunales especiales como la JEP, la cual, hasta el momento, sería la encargada de juzgar los delitos sexuales que hayan cometido los actores armados sometidos bajo esa jurisdicción y que hayan hecho parte del conflicto armado.
“En Colombia se deben aplicar las penas más severas y sin ningún tipo de concesión para aquellos que cometan delitos sexuales contra niños y niñas. Tenemos que fortalecer la obligación que tenemos como Estado de hacer todo para proteger a nuestros niños”, anunció la ministra Borrero.
Argumentó que con esta definición, se busca evitar el uso de niños y niñas en la guerra al "desincentivar estos crímenes, pues no serían objeto de tratamientos especiales en eventuales acuerdos de paz".
El debate sobre qué institución debe ser competente para juzgar los delitos sexuales en el conflicto armado ha sido largo. En agosto de 2018, cuando la Corte Constitucional revisó la ley estatutaria de la JEP y le entregó esa labor al tribunal especial, algunos sectores rechazaron la decisión. Sin embargo, tanto para la Corte como para la presidenta de la JEP, Patricia Linares, ningún delito quedará en la impunidad al ser juzgado por la justicia especial para la paz.
Esta fue una de las propuestas de campaña presidencial de Iván Duque y hacen parte de las objeciones que dan tránsito en el Congreso. “Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”, aseguró el primer mandatario el pasado 10 de marzo.
