Una inesperada decisión sorprendió a los colombianos en la tarde de este miércoles 24 de septiembre. Las partes que participan en el proceso de paz en Cuba decidieron romper su promesa de reservar el contenido de los preacuerdos negociados hasta ahora, y sólo revelarlos al final de toda la negociación.
Bajo las premisas de "nada está acordado en tanto todo esté acordado", el Gobierno Nacional y las Farc había decidido que no publicarían el contenido de los borradores negociados, punto por punto, para evitar suspicacias respecto a lo logrado en la negociación.
Sin embargo, en un intento para zanjar las especulaciones y dotar de transparencia las negociaciones que se realizan desde hace casi dos años a puerta cerrada en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos anunció desde Nueva York que haría públicos los acuerdos que hasta ahora se han logrado con las Farc, "para hacer más transparente" el trabajo de negociación.
Santos, quien asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que su intención era "hacer público lo que hemos acordado, para que los colombianos y el mundo entero vean" lo hasta ahora negociado.
A través de un comunicado conjunto, las partes sostuvieron que "persisten todo tipo de especulaciones sobre lo acordado. Especulaciones que son producto unas veces del desconocimiento de los comunicados y los informes, y otras de una intención clara de desinformar a la opinión pública."
De esta forma, se conocieron los "borradores conjuntos" de los tres principales temas negociados y en los que se han encontrado acuerdos: reforma rural integral; solución al problemas de drogas ilícitas y participación política.
Reforma Integral Agraria: el planteamiento de un "nuevo campo colombiano"
Aunque al principio de las negociaciones el presidente Santos había asegurado que en las negociaciones de paz con las Farc no se cambiaría ni reformaría a fondo la estructura agraria, el acuerdo alcanzado promete muchas revoluciones.
Los negociadores establecieron la necesidad de una Reforma Rural Integral que conduzca a generar “condiciones de bienestar para la población rural” y construir “una paz estable y duradera.”
El acuerdo pide la participación de las comunidades dentro de los espacios promocionados por el Estado: “Efectividad, transparencia y buen desarrollo de la reforma dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativas”, dice el borrador.
El acuerdo de tierras, que fue el que más tiempo duró en negociarse, tiene doce principios: El primero habla de una "transformación estructural de la realidad rural con equidad y democracia". Entonces plantean que el campo debe tener condiciones de "bienestar y buen vivir" para erradicar la pobreza".
La reforma obligaría al Estado a descentralizar los recursos y distribuir generosas partidas de inversión rural en las poblaciones y territorios más vulnerables.
Estos programas estarían acompañados de otro principio que es la Integralidad: "Asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización”.
Otro principio es el restablecimiento "de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo". Esto indicaría una responsabilidad especial a la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno.
También proponen la "Regularización de la propiedad", que consistiría en la "Lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra".
El principio de "Participación" asegura que la eventual reforma será construida y concertada con las comunidades rurales y que, como otro principio, se deberá evaluar su "Beneficio, impacto y medición" antes de aplicarse.
Finalmente exigen la presencia del Estado con sus instituciones sociales en las comunidades rurales y sugieren la "Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra", lo que podría implicar una revolución respecto a los terrenos valdíos y otras grandes porciones de tierra en manos de grandes terratenientes.
Mujeres cabeza de familia y población desplazada serán los principales beneficiarios del plan de adjudicación de tierras al que se compromete el Estado.
¿Quién y cómo accederán a una nueva repartición de tierras? El gobierno -según el borrador conocido- creará un Fondo de Tierras de Distribución Gratuita que compilará los terrenos provenientes de la extinción judicial de dominio, tierras inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, terrenos donados al gobierno nacional, y se incluirá un subsidio para adquirir otras porciones de campo.
Los que podrán acceder a esos planes de adjudicación gratuita de tierra y a otros beneficios como subsidios o créditos especiales, serán "trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada".
El preacuerdo de la Reforma Rural Integral beneficiará a las asociaciones de trabajadores "con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.”
Lo anterior, sin duda, podría generar conflictos por la titularidad de la tierra en zonas donde dominó el conflicto y podría revivir los escándalos por los baldíos. El Gobierno plantea crear "mecanismo ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de tierra que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo, resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.”
Lea aquí: todo el borrador del acuerdo sobre Reforma Rural Integral
Participación Política: Así sería la transición de la guerra a la democracia para la guerrilla
En el borrador conjunto entre las Farc y Gobierno se conocen los principales detalles de las condiciones para garantizar la participación en política de los eventuales reinsertados.
En 12 páginas, se habla entre otros temas de dejación de armas, la financiación que el Estado otorgaría a nuevos partidos políticos y de la transformación de las Farc en partido o movimiento político. No se refieren a inhabilidades que tendrían los interesados en la política por haber sido responsables de crímenes de guerra.
Respecto al punto de dejación de armas, aseguran que la firma del eventual acuerdo traerá en seguida el desarme de los subversivos. "La firma e implementación de un acuerdo final contribuirá a la ampliación y la profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación".
En seguida plantean la necesidad de que el Estado garantice la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, entre los que se incluiría al que surja de las Farc.
"Para la construcción de la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la construcción de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser alternativas del poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación en política.
Además sugieren que las partes acordaron que el financiamiento de los nuevos partidos será completamente estatal. "... suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral".
Incluso habrían propuesto la "creación de nuevos medios de comunicación" como requisito para la "promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales". "Se requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participen en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local".
Las partes habrían acordado un posible estatuto de la oposición. En él también incluirían las protecciones y garantías para organizaciones y movimientos sociales y populares. Dicho estatuto sería definido por las colectividades interesadas, que cuenten con personería jurídica y que se hayan declarado en oposición.
Finalmente, uno de los apartes de este borrador podría despertar polémica. El gobierno reconoce que en varias zonas del país ha habido “abandono y débil presencia institucional”, así que para reivindicarse decidirán promover y elegir un representante político por esas zonas.
El gobierno Nacional "creará un total de X circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes. De manera temporal y por X periodos electorales”, dice la propuesta que añade una nota al pie en la que aclara que les falta determinar las cantidades respectivas.
Esas circunscripciones contarán con "reglas especiales" para la inscripción y elección de sus candidatos. Esos territorios especial son, en mucho, zonas que fueron dominadas por las Farc. El punto contempla la posibilidad de que “los candidatos en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno”.
Advierte además que “los candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos de la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región”.
Lea aquí: todo el acuerdo sobre participación política de las Farc luego de su dejación de las armas
Y advierte el documento: “los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias de sus departamentos”. Así las cosas los ciudadanos de dichas zonas participarían en dos elecciones. Una que tiene que ver con la zona especial y otra las elecciones ordinarias de Cámara de Representes de cada departamento.
Los cultivadores de drogas serán definidos como uno de los "eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico" y por lo tanto deberán ser tratados especialmente.
Narcotráfico: así se replantearía la guerra contra las drogas
Las Farc afirman que, en un escenario de fin de conflicto, pondrán fin "a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado" con el narcotráfico. Las dos partes se comprometen en la "solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".
Así, en un documento que tiene 24 páginas y fue signado por las partes del 16 de mayo de 2014, se establece que habrá un compromiso para acabar con el narcotráfico como método de financiamiento subversivo y que se continuará la lucha contra las drogas, pero enfilando baterías contra los grupos criminales.
El acuerdo alcanzado en el tema drogas plantea la búsqueda de "alternativas basadas en la evidencia y que den un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo", que en otras palabras pretendería descriminalizar al usuario de ciertas sustancias y, en vez de enviarlo a prisión, pretendería conducirlo a tratamiento médico. Lo anterior abriría un boquete para que se mantenga legalizada la dosis personal.
Uno de los aspectos más duros de esta reforma implicaría que las eventuales políticas contra las drogas "deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados", lo que podría interpretarse como una posible y eventual rebelión a los dictámenes de los Estados Unidos, pues la Casa Blanca es la que ha definido las políticas de la actual prohibicionista guerra contra las drogas.
Lo negociado en Cuba asegura que se deberá dar un tratamiento especial a "los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y consumidores", mientras que insisten en "intensificar los esfuerzos" por desarticular organizaciones criminales.
También deberán "mantener reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena" y dan aprobación al uso de dichos cultivos -o los de marihuana- para fines médicos, científicos y "otros usos lícitos que se establezcan".
Los negociadores en Cuba proponen la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, hecho desde la Presidencia de la República y que también estará incluido en la Reforma Rural Integral, el cual tendrá que actuar para garantizar la transición de los cultivos ilícitos a los legales.
Lea aquí: todo el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas
Mujeres cabeza de familia y población desplazada serán los principales beneficiarios del plan de adjudicación de tierras al que se compromete el Estado.
¿Quién y cómo accederán a una nueva repartición de tierras? El gobierno -según el borrador conocido- creará un Fondo de Tierras de Distribución Gratuita que compilará los terrenos provenientes de la extinción judicial de dominio, tierras inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, terrenos donados al gobierno nacional, y se incluirá un subsidio para adquirir otras porciones de campo.
Los que podrán acceder a esos planes de adjudicación gratuita de tierra y a otros beneficios como subsidios o créditos especiales, serán "trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada".
El preacuerdo de la Reforma Rural Integral beneficiará a las asociaciones de trabajadores "con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.”
Lo anterior, sin duda, podría generar conflictos por la titularidad de la tierra en zonas donde dominó el conflicto y podría revivir los escándalos por los baldíos. El Gobierno plantea crear "mecanismo ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de tierra que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo, resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.”
Lea aquí: todo el borrador del acuerdo sobre Reforma Rural Integral
Participación Política: Así sería la transición de la guerra a la democracia para la guerrilla
En el borrador conjunto entre las Farc y Gobierno se conocen los principales detalles de las condiciones para garantizar la participación en política de los eventuales reinsertados.
En 12 páginas, se habla entre otros temas de dejación de armas, la financiación que el Estado otorgaría a nuevos partidos políticos y de la transformación de las Farc en partido o movimiento político. No se refieren a inhabilidades que tendrían los interesados en la política por haber sido responsables de crímenes de guerra.
Respecto al punto de dejación de armas, aseguran que la firma del eventual acuerdo traerá en seguida el desarme de los subversivos. "La firma e implementación de un acuerdo final contribuirá a la ampliación y la profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación".
En seguida plantean la necesidad de que el Estado garantice la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, entre los que se incluiría al que surja de las Farc.
"Para la construcción de la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la construcción de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser alternativas del poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación en política.
Además sugieren que las partes acordaron que el financiamiento de los nuevos partidos será completamente estatal. "... suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral".
Incluso habrían propuesto la "creación de nuevos medios de comunicación" como requisito para la "promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales". "Se requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participen en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local".
Las partes habrían acordado un posible estatuto de la oposición. En él también incluirían las protecciones y garantías para organizaciones y movimientos sociales y populares. Dicho estatuto sería definido por las colectividades interesadas, que cuenten con personería jurídica y que se hayan declarado en oposición.
Finalmente, uno de los apartes de este borrador podría despertar polémica. El gobierno reconoce que en varias zonas del país ha habido “abandono y débil presencia institucional”, así que para reivindicarse decidirán promover y elegir un representante político por esas zonas.
El gobierno Nacional "creará un total de X circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes. De manera temporal y por X periodos electorales”, dice la propuesta que añade una nota al pie en la que aclara que les falta determinar las cantidades respectivas.
Esas circunscripciones contarán con "reglas especiales" para la inscripción y elección de sus candidatos. Esos territorios especial son, en mucho, zonas que fueron dominadas por las Farc. El punto contempla la posibilidad de que “los candidatos en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno”.
Advierte además que “los candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos de la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región”.
Lea aquí: todo el acuerdo sobre participación política de las Farc luego de su dejación de las armas
Y advierte el documento: “los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias de sus departamentos”. Así las cosas los ciudadanos de dichas zonas participarían en dos elecciones. Una que tiene que ver con la zona especial y otra las elecciones ordinarias de Cámara de Representes de cada departamento.
Los cultivadores de drogas serán definidos como uno de los "eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico" y por lo tanto deberán ser tratados especialmente.
Narcotráfico: así se replantearía la guerra contra las drogas
Las Farc afirman que, en un escenario de fin de conflicto, pondrán fin "a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado" con el narcotráfico. Las dos partes se comprometen en la "solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".
Así, en un documento que tiene 24 páginas y fue signado por las partes del 16 de mayo de 2014, se establece que habrá un compromiso para acabar con el narcotráfico como método de financiamiento subversivo y que se continuará la lucha contra las drogas, pero enfilando baterías contra los grupos criminales.
El acuerdo alcanzado en el tema drogas plantea la búsqueda de "alternativas basadas en la evidencia y que den un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo", que en otras palabras pretendería descriminalizar al usuario de ciertas sustancias y, en vez de enviarlo a prisión, pretendería conducirlo a tratamiento médico. Lo anterior abriría un boquete para que se mantenga legalizada la dosis personal.
Uno de los aspectos más duros de esta reforma implicaría que las eventuales políticas contra las drogas "deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados", lo que podría interpretarse como una posible y eventual rebelión a los dictámenes de los Estados Unidos, pues la Casa Blanca es la que ha definido las políticas de la actual prohibicionista guerra contra las drogas.
Lo negociado en Cuba asegura que se deberá dar un tratamiento especial a "los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y consumidores", mientras que insisten en "intensificar los esfuerzos" por desarticular organizaciones criminales.
También deberán "mantener reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena" y dan aprobación al uso de dichos cultivos -o los de marihuana- para fines médicos, científicos y "otros usos lícitos que se establezcan".
Los negociadores en Cuba proponen la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, hecho desde la Presidencia de la República y que también estará incluido en la Reforma Rural Integral, el cual tendrá que actuar para garantizar la transición de los cultivos ilícitos a los legales.
Lea aquí: todo el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas
