En las últimas tres décadas, más de 30 países han creado comisiones de la verdad, establecidas para investigar crímenes, violaciones a los derechos humanos y otros delitos generados en un determinado periodo de tiempo, por causa de un conflicto armado o un escenario político abrupto como dictaduras.
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La guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, como nuevo avance hacia el propósito de poner fin a la confrontación interna de más de 60 años, anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad, tan pronto como firmen un acuerdo definitivo de paz, delimitado como un mecanismo "independiente e imparcial de carácter extrajudicial".
La experiencia global determina a dichas comisiones como organismos oficiales e imparciales de carácter temporal, que al final entregan un informe con testimonios de víctimas, confesiones de victimarios, perdones mutuos y recomendaciones de reformas para evitar que dichos perjuicios puedan volver a vulnerar a una comunidad.
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Es importante aclarar que las comisiones de la verdad no son jueces; tras escuchar confesiones criminales no pueden castigar a los responsables, aunque en oportunidades sí entregan pruebas que sirven para los juicios posteriores, que corresponderán a los mecanismos de justicia transicional que se acuerden.
Lo que han vivido otros países, de seguro, ha sido estudiado por las Farc y el gobierno para formular su propia comisión. Existen las que han servido como mero ejercicio de memoria histórica, como las que han funcionado como “acusadores” para el posterior encarcelamiento de los victimarios.
KienyKe.com seleccionó tres experiencias globales, que muestran la diversidad de opciones que se han probado cuando se formulan alternativas que, a cambio de verdad absoluta, cierren ciclos de odio entre los pueblos.
Sudáfrica
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fue creada en 1994, por el gobierno renovado que recién había derrotado el apartheid, para conseguir justicia y reparación en un país dividido por la segregación racial.
El célebre líder religioso, Desmond Tutu, presidió la estrategia que procuró reunir a víctimas y victimarios, y conseguir a través de la verdad el perdón, y de esa reconciliación la paz.
El ejercicio era sencillo. Se realizaron audiencias públicas alrededor del país, en las que se escucharon a unas 22 mil víctimas. Al menos 2 mil de esos testimonios se transmitieron en televisión y radio.
Las víctimas y sus desahogos también guiaron a los investigadores de la comisión a los responsables de los crímenes, quienes eran llamados a confesar. Las víctimas decidían si otorgaban o no el perdón. Como en la mayoría de casos no se daban la mano, los conciliadores de la comisión realizaban ejercicios intensivos para conseguir la reconciliación.
Alexander Boraine, exvicepresidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, relató al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo los esfuerzos que hicieron para que, de cada audiencia, no salieran enemigos, sino ciudadanos con heridas sanadas.
“En cada audiencia se hizo hincapié en la reconciliación, y este fue un proceso que ayudó a Sudáfrica a pasar de ser una sociedad profundamente dividida a convertirse en una sociedad en donde la gente aceptaba al vecino”, explicó.
Pero la petición de las autoridades nunca fue suficiente. Para conseguir la amnistía de sus victimarios, se tuvo que apelar a la experiencia del líder más apreciado por los ciudadanos: Nelson Mandela.
“El ejemplo lo dio Nelson Mandela, quien había sufrido 27 años de cárcel, y defendía la necesidad de una fuerte justicia de restitución y un gobierno de unidad nacional (…) Algunos se sintieron ofendidos y dolidos, pero la mayoría pensó que si Mandela podía seguir ese camino después de años en la cárcel, entonces ellos también lo podrían tomar”, añadió Boraine.
La Comisión de la Verdad en Sudáfrica fue el mecanismo de justicia transicional del país luego del apartheid. Al conseguir que en casi todos los casos hubiese perdón y reconciliación, se garantizó amnistías para los victimarios. Solo en contadas excepciones, porque los crímenes fuesen exagerados o porque la verdad no fue contada con suficiencia, los responsables fueron remitidos a tribunales que los enviaron a la cárcel.
Debido a lo anterior, muchos observadores consideran que el proceso solo produjo impunidad. Además las exigencias de reparación hechas por la Comisión al gobierno, no fueron atendidas o se cumplieron muy tarde.
“La Comisión tuvo un aspecto único: ofrecer amnistía condicional a aquellos perpetradores que estuvieran dispuestos a revelar plenamente detalles de sus crímenes ante la audiencia pública”, concluyó el experto con una idea que resume el proceso sudafricano.
El Salvador
La Comisión de la Verdad para El Salvador, tras 26 meses de trabajo, produjo un informe que se considera histórico entre los proceso de paz en el mundo y que se llamó: "De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador".
En El Salvador, la comisión también se estableció tras la firma de los acuerdos de paz, que para ese país fueron los de Chapultepec de 1992.
La paz puso fin a la confrontación armada civil entre el Gobierno de El Salvador y el guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin embargo también actuaron otros grupos armados irregulares (como los paramilitares Escuadrones de la Muerte) y mercenarios extranjeros, cuyas responsabilidades también fueron registradas por la Comisión de la Verdad.
El organismo recibió más de 2 mil testimonios, que involucraban a 7 mil víctimas. Aunque la Comisión fuera creadas luego de la firma de los acuerdos de paz, como se planea en Colombia, su trabajo estuvo atravesado por las secuelas del conflicto, que obligó a que la mayoría de trabajo se realizara con una particularidad que no tuvo Sudáfrica y que tampoco plantea Colombia: las audiencias se realizaron a puerta cerrada.
Con los países acompañantes, el Gobierno y las Farc anunciaron la eventual creación de una comisión de la verdad y reparación.
Esta comisión también tuvo la particularidad de que fue originada y conformada por representantes internacionales. El organismo estuvo presidido por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el juez estadounidense Thomas Buergenthal y el venezolano Reinaldo Figueredo.
El mandato legal que constituyó la Comisión fue la Ley de Reconciliación Nacional, que concedía amnistía “a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes de el 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro”.
En otras palabras y a diferencia de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad en El Salvador sí identificó y remitió a las autoridades de justicia transicional numerosos casos de autores de crímenes que no merecían amnistías, y que debieron pagar cárcel por sus delitos.
Para ello, solicitó una reforma judicial que el poder político del país acató y realizó.
Perú
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú también contó con tres años de plazo de trabajo y un equipo de 12 personas, que tenían que recopilar crímenes y delitos relacionados con la guerra cometidos entre 1980 y 2000.
El país vecino salía del conflicto interno protagonizado por las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Un académico, el rector de la Universidad Católica de Perú, Salomón Lerner, fue el encargado de presidir la comisión que terminó por escuchar en 21 audiencias masivas a casi 2 mil víctimas.
Aunque las que hablaron fueron 2 mil, se estima que a las audiencias asistieron casi 10 mil víctimas; muchas de ellas no se manifestaron al considerar inservible el organismo.
El informe final fue un voluminoso documento de memoria histórica que recibió el entonces presidente Alejandro Toledo, y cuenta tanto los factores que propiciaron el conflicto, como los sufrimientos de las víctimas y recomendaciones para asegurar la no repetición de la guerra civil.
Lo importante de esta Comisión es que nunca se esforzó por conseguir perdón a cambio de verdad, como en Sudáfrica, o seleccionar ciertos casos para que fuesen procesados por la justicia, como en El Salvador.
La institución utilizó los testimonios de las víctimas para completarlas con investigaciones independientes que las sustentaran y, con la verdad comprobada y los nombres de los responsables clarificados, se entregaban a la justicia para que determinara las penas a los responsables. El proceso de la Comisión nunca tuvo como lema algo cercano a la “impunidad”, pero su esfuerzo nunca fue valorado por la sociedad civil, que en su mayoría no encontró valioso el trabajo realizado.
Con la información recogida por la Comisión, el Ministerio Público del Perú abría investigaciones de oficio sobre todos los casos, y la mayoría de veces los responsables fueron llamados a juicio.
Sofía Macher, una de las integrantes de esa Comisión, había confesado las instrucciones que tenían para el desarrollo de su trabajo en entrevista con la BBC.
“Nosotros no vamos a dar amnistías como fue el proceso sudafricano (…) En el Perú, la ley de amnistía que fue dada por el gobierno de Fujimori en 1995 ha sido anulada por una sentencia de la Corte Interamericana. En estos momentos no es posible pensar que habrá una salida de amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
Además, al terminar sus labores, el expresidente de esa comisión, Salomón Lerner, denunció que el Estado había “hecho poco por honrar sus obligaciones de verdad, justicia y reparaciones con las víctimas”, aunque sostuvo que al final encontró que la experiencia de la Comisión “no fue en vano: rescató sus palabras (de las víctimas) y las convirtió en verdad pública innegable. A partir de ahí, queda por recorrer un camino todavía largo y difícil para que los derechos de las víctimas se cumplan. Pero eso no debe ser visto como una anomalía: el final de una comisión de la verdad marca, en realidad, el comienzo de una nueva trayectoria hacia la realización de una paz con justicia”, dijo a la ONU.
Con los países acompañantes, el Gobierno y las Farc anunciaron la eventual creación de una comisión de la verdad y reparación.
Esta comisión también tuvo la particularidad de que fue originada y conformada por representantes internacionales. El organismo estuvo presidido por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el juez estadounidense Thomas Buergenthal y el venezolano Reinaldo Figueredo.
El mandato legal que constituyó la Comisión fue la Ley de Reconciliación Nacional, que concedía amnistía “a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes de el 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro”.
En otras palabras y a diferencia de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad en El Salvador sí identificó y remitió a las autoridades de justicia transicional numerosos casos de autores de crímenes que no merecían amnistías, y que debieron pagar cárcel por sus delitos.
Para ello, solicitó una reforma judicial que el poder político del país acató y realizó.
Perú
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú también contó con tres años de plazo de trabajo y un equipo de 12 personas, que tenían que recopilar crímenes y delitos relacionados con la guerra cometidos entre 1980 y 2000.
El país vecino salía del conflicto interno protagonizado por las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Un académico, el rector de la Universidad Católica de Perú, Salomón Lerner, fue el encargado de presidir la comisión que terminó por escuchar en 21 audiencias masivas a casi 2 mil víctimas.
Aunque las que hablaron fueron 2 mil, se estima que a las audiencias asistieron casi 10 mil víctimas; muchas de ellas no se manifestaron al considerar inservible el organismo.
El informe final fue un voluminoso documento de memoria histórica que recibió el entonces presidente Alejandro Toledo, y cuenta tanto los factores que propiciaron el conflicto, como los sufrimientos de las víctimas y recomendaciones para asegurar la no repetición de la guerra civil.
Lo importante de esta Comisión es que nunca se esforzó por conseguir perdón a cambio de verdad, como en Sudáfrica, o seleccionar ciertos casos para que fuesen procesados por la justicia, como en El Salvador.
La institución utilizó los testimonios de las víctimas para completarlas con investigaciones independientes que las sustentaran y, con la verdad comprobada y los nombres de los responsables clarificados, se entregaban a la justicia para que determinara las penas a los responsables. El proceso de la Comisión nunca tuvo como lema algo cercano a la “impunidad”, pero su esfuerzo nunca fue valorado por la sociedad civil, que en su mayoría no encontró valioso el trabajo realizado.
Con la información recogida por la Comisión, el Ministerio Público del Perú abría investigaciones de oficio sobre todos los casos, y la mayoría de veces los responsables fueron llamados a juicio.
Sofía Macher, una de las integrantes de esa Comisión, había confesado las instrucciones que tenían para el desarrollo de su trabajo en entrevista con la BBC.
“Nosotros no vamos a dar amnistías como fue el proceso sudafricano (…) En el Perú, la ley de amnistía que fue dada por el gobierno de Fujimori en 1995 ha sido anulada por una sentencia de la Corte Interamericana. En estos momentos no es posible pensar que habrá una salida de amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
Además, al terminar sus labores, el expresidente de esa comisión, Salomón Lerner, denunció que el Estado había “hecho poco por honrar sus obligaciones de verdad, justicia y reparaciones con las víctimas”, aunque sostuvo que al final encontró que la experiencia de la Comisión “no fue en vano: rescató sus palabras (de las víctimas) y las convirtió en verdad pública innegable. A partir de ahí, queda por recorrer un camino todavía largo y difícil para que los derechos de las víctimas se cumplan. Pero eso no debe ser visto como una anomalía: el final de una comisión de la verdad marca, en realidad, el comienzo de una nueva trayectoria hacia la realización de una paz con justicia”, dijo a la ONU.
