Para nadie es un secreto que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se encuentra en problemas fiscales desde hace mucho tiempo. Las razones son varias según Fasecolda: la alta accidentalidad del país, causada entre otras cosas por el aumento considerable de usuarios de motocicleta en el país, una normatividad laxa en materia de seguridad vial, así como los siempre presentes cobros irregulares del SOAT que generan golpes considerables en las finanzas del sistema.
Sin embargo, en el fondo también se encuentra el problema de la evasión de la compra del SOAT, tema bastante importante que no solo genera vacíos en los recursos del sistema, sino que aumenta los riesgos viales al tener vehículos en las calles que no tendrían capacidad de responder ante un eventual siniestro.
Solo en el primer semestre de 2022, según Fasecolda, la evasión del SOAT llegó a ser del 47% en carros y del 60% en motos, esto quiere decir que de más de 17 millones de vehículos en circulación, unos 8,3 millones en el país circulan sin el seguro obligatorio. Algo que se prevé cambiar en la nueva administración de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte, quien decidió tomar cartas en el asunto.
En medio del Congreso Internacional de Aseguradoras en los primeros días de septiembre, el ministro Reyes no solo reiteró que el fraude al seguro es cada vez más grande por parte de algunas entidades de salud en el país, sino que además en caso de ser necesario se utilizarían “medios y legítimos” del ordenamiento jurídico para que el SOAT sea cobrado a “las malas”. Frase que ahora se complementa con las siguientes medidas.
De ahora en más, según lo anunciado por el Ministerio de Transporte, cualquier vehículo que carezca de SOAT al día no podrá: hacer traspaso de ningún tipo de vehículo, realizar la revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes, así como matricular o rematricular un vehículo y trasladar una matrícula activa. Tampoco podrá solicitar cambio o duplicado de placas.
También se contempla la imposibilidad de obtener certificado de vehículo clásico o antiguo, blindar o retirar el blindaje, cambiar de color o servicio al vehículo, regrabar el chasis o motor y repotenciar un vehículo de carga. En esa misma línea tampoco se podrán hacer cambios de motor, carrocería o convertir la alimentación a gas natural.
Finalmente, también se incluye una limitación para inscribir una limitación al vehículo o incluso, para el caso de los deudores, tampoco se podrá hacer el retiro de la prenda para quedar como propietario del vehículo.
Razones de Mintransporte para meterle la mano al SOAT
Tal como se había mencionado, el ministro Guillermo Reyes aseguró que la única forma para solucionar el enorme hueco de la evasión de pago del SOAT en el país, es aplicando la norma para llevar a ese 47% de conductores a adquirir el seguro obligatorio. Una medida que ayudaría a mejorar la seguridad vial y la capacidad de respuesta del sistema.
“Ante su evasión y fraude debemos ser contundentes, dado que cuando se materializa el riesgo de daños a personas, la atención debe brindarse, generando un costo de atención médica prioritaria que no cuenta con ingreso derivado del pago del seguro (...) Lo que sumado al fraude, golpea los recursos para la atención de víctimas, generando presiones sobre los recursos de la salud e incrementando el costo de este seguro para quienes cumplen”, señaló el Ministro de Transporte.
De hecho, las cifras dadas por el ministro de Transporte en aquella reunión fueron más contundentes: solo en 2021, la siniestralidad del país dejó un total de 7.238 víctimas mortales y 20 mil lesionados. De ahí la importancia de que los más de 17 millones de vehículos tengan el SOAT al día.
“Deben emplearse todos los medios que el ordenamiento jurídico disponga para acabarlo, tal como quedó consignado en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, y así transitemos así hacia una Visión Cero en la siniestralidad vial a través de la prevención y el control operativo”, señaló la cartera de Transporte.
Así las cosas, todo parece indicar que la problemática del SOAT por fin es vista como una prioridad número uno para el sector transporte, atendiendo a la responsabilidad del Ministerio de reducir la accidentabilidad en el país y garantizar el bienestar de todos los actores viales. Habrá que esperar en la práctica si las nuevas medidas tienen los efectos deseados.
