Más de siete años después del final de su emporio y la lucha jurídica contra Hyundai, Carlos Mattos sigue generando revolcones en el sistema judicial colombiano. En su momento, sus hechos de corrupción llevaron a la caída de varios funcionarios y ahora se repite la historia con la salida de sus cargos del director del INPEC, el general Mariano Botero, y el de la Cárcel la Picota, Wilmer José Ladron, así como varios dragoneantes e inspectores.
Lo cierto es, que esta nueva situación ha significado una auténtica tormenta al interior del Ministerio de Justicia, que se volvió el centro de las críticas luego de que la Unidad Investigativa de Caracol revelara cómo Mattos, que se suponía en calidad de preso, se paseaba con tranquilidad por Bogotá en vehículos oficiales del INPEC, con complicidad de varios funcionarios, recibiendo visitas en sus oficinas al norte de Bogotá e incluso caminando sin custodia como cualquier otro ciudadano en libertad.
Además de los dos funcionarios retirados de su cargo, Mattos fue enviado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, pidió una investigación por parte de la Fiscalía y la Contraloría “a los funcionarios del INPEC que dieron la orden para su salida del centro de reclusión y quienes estaban encargados de la vigilancia y custodia”.
Paradójicamente, cuando el INPEC se presentó para llevar a Mattos de La Picota a Cómbita, el otrora empresario vuelve a verse en mal estado de salud, despeinado y con voz afectada. Muy diferente a cómo aparecía en los videos de Caracol.
“Allí estará en un pabellón que ofrece todas las medidas de seguridad, con personal de custodia que brindará vigilancia permanente para evitar que se sigan presentando irregularidades en este caso (...) Será recluido en las mismas condiciones en las que se encuentran los demás privados de la libertad”, dijo el ministro Ruiz.
Con esto, por lo menos en un escenario ideal, se habría dado por terminado el episodio de beneficios carcelarios ilegales de Mattos. No obstante, el escándalo desató a su vez un ventilador dentro varios penales del país, ya que según el jefe de la cartera de justicia varios nombres sonados en casos de corrupción habrían estado gozando de privilegios especiales.
El muro de la fama de la burla a la justicia: Emilio Tapia, recordado corrupto del carrusel de contratación y ahora del escándalo de Centros Poblados y MinTIC; Eduardo Enrique Pulgar Daza, exsenador condenado por tráfico de influencias y soborno ; Juan José Valencia, alias ‘Falcon’, presunto narcotraficante del Clan del Golfo ; y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exparamilitar y narcotraficante.
Con ellos también fueron capturados cinco funcionarios de la Cárcel Villanueva (Cali), de los cuales cuatro eran dragoneantes. Una pequeña muestra de un sistema carcelario que lleva años pidiendo auxilio y que solo ahora, en medio del escándalo, se ve parcialmente intervenido. A pesar de ello, todavía es mucho lo que debe cambiar en los penales para que la fuerza pública pueda retomar el control (y eso no es un secreto para casi nadie en este país).
Casi a la par con esta situación, como una nueva coordenada en el radar de la decepción judicial, el país se enteraba que Diego Cadena, abogado procesado por presunta manipulación de testigos en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, habría estado paseando en Panamá a pesar de que un juez revocó su libertad por vencimiento de términos a finales de 2021. Eso, gracias a una foto revelada por W Radio que lo mostró prácticamente ajeno a su situación legal.
El INPEC señaló a dicho medio que el abogado no ha solicitado permiso para viajar fuera del país y supuestamente continúa en casa por cárcel. Algo que evidentemente no está cumpliendo y que seguramente arrojará otra lista de funcionarios corruptos que habrían permitido sus viajes.
También cabe mencionar que, de nuevo, la justicia reaccionó sobre las evidencia y la Fiscalía confirmó que “presentó ante un juez de control de garantías una solicitud de orden de captura en contra de Diego Cadena, para dar cumplimiento a lo ordenado por el juez 43 de conocimiento el 1 de diciembre del año anterior, quien revocó la libertad del procesado por vencimiento de términos”.
Así queda entonces configurado este mapa de beneficios carcelarios que se suman, por ejemplo, al permiso que obtuvo en septiembre de 2021 el exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, quien cumple una condena de 17 años por Agro Ingreso Seguro, para salir entre otras cosas a una celebración en un restaurante exclusivo bajo custodia del INPEC. El segundo permiso que ya habría obtenido en medio de su reclusión.
Cabe destacar que lo relevante de todo esto es que mientras exfuncionarios, contratistas, senadores y empresarios corruptos gozan de privilegios especiales en este país, otros convictos con menos recursos económicos atraviesan situaciones realmente precarias e incluso llevan tiempo sin poder ver a sus familias en medio de la pandemia. Para ellos no hay INPEC privado, tratos especiales, celdas de lujo y nada de eso ¿Esa es acaso una forma lógica de luchar contra la corrupción? ¿No es acaso esa la confirmación de la popular frase de “la justicia en Colombia es para los de ruana”?
