La paz continúa siendo uno de los temas de agenda en el país, al tiempo que en este momento constituye el escenario de un pulso entre la justicia y las ambiciones del gobierno. Todo esto, cabe recordar, en un marco en el que la “paz total” ya es una realidad en el papel y Gustavo Petro se juega todas las cartas para hacerla realidad también por fuera de él.
Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como parecía en un principio, aún cuando gran parte de la institucionalidad habla de la necesidad de alcanzar la paz en el país. La diferencia radica en los caminos y las concesiones que las distintas ramas del poder están dispuestas a adoptar para llegar a esa meta.
Probablemente el choque más significativo que se ha llegado a dar en torno a esa materia, tiene que ver con el tatequieto de la Fiscalía a la intención del gobierno de retirar las órdenes de captura a algunos miembros del Clan del Golfo, que estaban proyectados para fungir como voceros de dicha organización en los diálogos exploratorios que empezarían con el gobierno.
No obstante, para la Fiscalía no hubo sustento jurídico suficiente para determinar que algunos de esos criminales vieran levantadas sus órdenes de captura, toda vez que el Clan del Golfo y Los Pachenca no tienen carácter político y por tanto deben optar por el camino del sometimiento a la justicia.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, señaló la entidad en un comunicado.
Todo este choque de poderes se dio, entre otras cosas, por la petición del gobierno nacional para que se levantaran las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca, entre los que se encontraban peligrosos criminales como Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo tras la caída de Otoniel y determinador del paro armado que mantuvo su organización tras la extradición del antiguo capo.
Según la Fiscalía, grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados organizados y estructuras criminales de alto impacto “no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios”. Es decir, que según el ente fiscal no se puede abusar del reconocimiento del estatus político para las organizaciones..
“Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia no tienen un estatus político. La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político”, añadió la entidad, respaldando sus argumentos con conceptos jurídicos de diversa índole que coincidieron en el pasado en que los paramilitares no pueden ser considerados delincuentes políticos.
Así las cosas, concluye que tanto las Autodefensas Gaitanistas como las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada son herederas de estructuras paramilitares, por lo que las únicas conversaciones deberían ser en aras de su sometimiento. Frente a ello, señalan que “no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y por ende no se puede tomar decisión alguna que pueda ir en contra de los derechos de las víctimas.
Aún así, cabe anotar que el pulso no se queda ahí, ya que desde el Gobierno insisten en la competencia del presidente para hacer esa petición (por cuenta de la ley de “Paz total”) y en que, precisamente, los diálogos exploratorios con el ELN y Los Pachenca buscarían su sometimiento y futuro desmantelamiento.
Clan del Golfo y el camino hacia la paz
Al final del comunicado de la Fiscalía se deja claridad de que aunque el ente investigador se negó a la petición, el gobierno aún puede realizarla por la vía jurídica ante un juez de la República, que validará según el caso el marco normativo para decidir si procede o no el levantamiento de las órdenes de captura.
No obstante, este sería un pulso bastante complicado para el Gobierno, teniendo en cuenta antecedentes como el de la liberación de miembros de la Primera Línea, proceso en el que se negó ese objetivo a tres jóvenes judicializados por la presunta comisión de delitos durante el Paro Nacional, argumentando que la competencia para dicho fin sería un juez de control de garantías.
Y es que, al final, el asunto no es nada menor, ya que en la lista del Gobierno habían criminales como “Chiquito malo” o alias “Pinocho”, supuesto cabecilla de Los Pachenca; entre otras personas con prontuarios bastante elevados.
Curiosamente, este tema ha causado rupturas incluso dentro del propio Pacto Histórico, donde figuras como Roy Barreras se han tornado bastante críticas frente a los beneficios penales a miembros del Clan del Golfo. Incluso cuando él fue punta de lanza en el avance de la paz total en el Congreso.
Además, habría que sumar a ello los pronunciamientos del ELN que indicarían su rechazo a ser “metidos en el mismo saco” con grupos paramilitares y criminales, a quienes consideran lejanos a sus ambiciones políticas. Choque en el que se juegan varias cosas, no solo de cara a la estabilidad de los diálogos, sino también al marco normativo que aplicaría de acá en adelante a grupos armados que no tengan orígenes políticos (añadiendo retos como la responsabilidad con las víctimas o el límite que determinará quienes serán cobijados o no por los beneficios).
En todo caso, este será un punto interesante a discutir en las negociaciones que se reiniciarán en México a inicios de febrero, donde también se tocarán temas como el cese al fuego bilateral, negado públicamente por el ELN luego de que el presidente Petro aseguró que este era un trámite ya adelantado. Tema que, por ahora, quedó solo como una propuesta sobre la mesa y habrá que esperar a que termine el segundo ciclo de conversaciones para saber su resultado.
