La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a estar en el centro de la tormenta política y judicial. Las recientes declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la entidad y hoy testigo clave, revelan que lo que debería ser un organismo destinado a salvar vidas y atender emergencias naturales terminó convertido en un instrumento para alimentar pactos políticos.
“No importaba si era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato”, dijo Pinilla en audiencia, una frase que resume cómo los recursos públicos destinados a desastres fueron puestos al servicio de compromisos partidistas.
Contratos direccionados
Pinilla aseguró que, por instrucciones de Olmedo López y bajo la presión del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se asignó un contrato millonario en Córdoba al senador Julio Elías Chagüi. Lo que comenzó en 22.000 millones terminó inflado a 28.000 millones de pesos. Todo, según sus palabras, como parte de un engranaje político que convertía las emergencias en excusa para repartir favores.
La Guajira y el eco político
En medio de la polémica, surgió el nombre de la senadora Martha Peralta. Pinilla negó que ella hubiera intervenido directamente en los contratos de maquinaria para La Guajira, pero reconoció que debía mantenerla informada porque era considerada cercana al presidente. Tras conocerse estas versiones, la congresista denunció ser víctima de hostigamiento político, marcando otro capítulo de enfrentamiento público.
Emergencias relegadas
Las revelaciones de Pinilla destapan un modelo en el que los recursos de la UNGRD dejaron de priorizar las necesidades urgentes de comunidades vulnerables para convertirse en moneda de cambio político. La gestión del riesgo se subordinó a la gestión de intereses.
Documentos desaparecidos
Uno de los puntos más delicados de su testimonio es la advertencia de que documentos elaborados por él desaparecieron de los archivos de la entidad. Este hecho, de comprobarse, podría configurar un intento de destrucción de pruebas, lo que elevaría aún más la gravedad del caso.
Un botín con recursos automáticos
La UNGRD administra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que por ley puede girar recursos de manera inmediata frente a emergencias. Esa característica, que debería ser una fortaleza institucional, terminó —según las declaraciones y críticas públicas— convertida en la puerta abierta para manejos políticos y sobrecostos.
Las confesiones de Pinilla, hoy en el ojo de la Corte Suprema y de la opinión pública, confirman lo que durante años se ha sospechado: la UNGRD dejó de ser únicamente la entidad que atiende desastres y se transformó en el botín de pactos políticos que atraviesa al poder en Colombia.
