Ya es costumbre que las noticias que llegan de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) causan polémica. Ahora, la controversia gira en torno al permiso de vacaciones que recibió Fernando Arrellán, quien fuera miembro de las Farc y uno de los responsables del atentado al Club El Nogal en Bogotá.
El tribunal le dio autorización a Arrellán de salir del país y estar en Islas Margarita, en Venezuela, del 23 al 29 de marzo de este año. Un hecho, por estos días, muy sonado, ya que se encontraba condenado a 40 años de cárcel por su participación en el ataque en El Nogal. Pero al haber sido parte de las Farc debe pasar por la JEP para ser juzgado en el marco del conflicto armado.
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Las reacciones no se hicieron esperar. Periodistas, líderes de opinión y ciudadanos de a pié no se explican cómo puede ser posible que alguien condenado por un acto que costó la vida de 36 personas y, que además, debe pasar por un nuevo proceso judicial pueda salir del país.
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1002729351526395904
https://twitter.com/fdbedout/status/1002925461721288704
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1002563877786267650
https://twitter.com/Marvilla79/status/1002943661259284480
Pero no fue solo a Arrallán al que se le permitió ir de vacaciones en otras latitudes. De hecho, la lista la completan otros cuatro excombatientes:
A Pastor Alape se le permitió ir hasta Quito, Ecuador, entre el 2 y 5 de abril de este año. Argumentó que se dedicaría a hacer "gestiones de paz", posiblemente con el ELN, ya que en ese momento la mesa entre esta organización y el Gobierno seguía instalada en este lugar.
Por su parte, Hugo Ancizar Perez estuvo 25 días en Machala, el Oro, Ecuador (entre el 5 y el 30 mayo). El exguerrillero solicitó esta licencia para una visita familiar. Andrés Mauricio Zuluaga entre el 4 al 14 de mayo estuvo en España disfrutando de una actividad cultural.
Gustavo Joanis Bedoya regresó hace dos días de Chile, país en el que estuvo desde el sábado 26 de mayo. Y por último Ismael Alberto Zuñiga, que viajó a Quito, Ecuador entre el 2 de abril y el 5 del mismo mes de 2018.
La respuesta de la JEP fue que la persona que firmó dicho permiso fue el exsecretario de la Jurisdicción, Néstor Correa, y que ninguno de los magistrados aprobó dichas solicitudes.
https://twitter.com/JurisdiccPaz/status/1002712122374217728
Aunque es cierto que Correa firmó los permisos, estos hechos no hacen más que alimentar las dudas frente al accionar de la JEP, un organismo que, según sus críticos, solamente ha tomado decisiones que benefician a los miembros de las Farc.
La lista que le sirve a los enemigos de la JEP para probar sus argumentos es cada vez más robusta. Entre los ítems que la componen se encuentra la orden de suspender la extradición de Jesús Santrich, cuando esta no es una de sus funciones, y hacerle firmar un acta de libertad condicional.
Para todos estos casos la JEP ha dado una explicación, pero ninguna parece lo suficientemente satisfactoria como para calmar los ánimos de quienes la señalan de favorecer a exguerrilleros. Por el contrario, el tribunal llega a provocar, incluso a los defensores de los Acuerdos de La Habana.
https://twitter.com/JoseFdoSanin/status/1002727649163268096
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