En la Cámara de Representantes calienta motores el regreso de la polémica propuesta que se pretendió incluir en el proyecto de “paz total”, que tenía como finalidad otorgarle al gobierno nacional la facultad para otorgar indultos a los manifestantes procesados o condenados por delitos cometidos en el marco de la protesta social, así como su nombramiento como gestores de paz y convivencia en movilizaciones futuras. Eso, mientras miembros destacados de la Primera Línea acaban de ser condenados por actos realizados en escenarios de movilización,
En su momento, estos artículos dieron mucho de qué hablar por lo que muchos consideraron un pequeño ‘mico’ en la paz total, al intentar darle a los manifestantes y miembros de la Primera Línea un papel de interlocución similar a los que tienen los grupos armados, con un entendimiento político de sus acciones y planteándolos como futuros mediadores. Ambos terminaron siendo retirados del texto por el gobierno nacional.
Sin embargo, eso no fue gratuito, ya que se hizo con la intención inicial de darle continuidad vía proyecto de ley independiente. Y así fue, con una iniciativa de autoría de varios congresistas del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar, María José Pizarro o Robert Daza, liderado en este momento en la Cámara por los representantes Alfredo Mondragón, Alirio Uribe, José Andrés Cancimance, José Alberto Tejada y Leyla Trujillo.
Básicamente lo que este proyecto de ley busca es regular las amnistías e indultos para personas señaladas, procesadas o condenadas de cometer delitos exclusivamente en el marco de las protestas sociales de 2019, 2020 y 2021. Esto específicamente para aquellos delitos que puedan considerarse políticos y conexos con estos.
Sin embargo, contrario al caso de los dos artículos iniciales que iban en la ‘paz total’, en este proyecto hay más luces de lo que serían las limitaciones al indulto o la amnistía para la Primera Línea, empezando por tratarse exclusivamente de delitos contra la seguridad pública, cometidos “contra los servidores públicos” y el “régimen constitucional y legal”. Eso sí, demostrando que no hubo ningún interés más allá del político.
Por otro lado, se deja también la precisión de que bajo ningún motivo aplicarán los beneficios jurídicos a personas que hubiesen cometido los delitos de secuestro “secuestro u otra privación grave de la libertad”, terrorismo, concierto para delinquir agravado, administración de recursos destinados para terrorismo, así como cualquier delito “contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario” o que implicaron serias violaciones de derechos humanos.
Eso quiere decir, por ejemplo, que no estarían cobijados por estos beneficios alias "19" y los otros miembros de la Primera Línea que acaban de ser condenados por un juez por los delitos de tortura, vandalismo y agresiones a la fuerza pública. Específicamente por la retención de un transeunte al que amarraron a un árbol y torturaron bajo sospecha de ser miembro de la Policía Nacional.
Aún así, curiosamente, se deja abierta la puerta para que esas personas puedan obtener un beneficio carcelario, cambiando su medida de aseguramiento a domiciliaria. Es decir, casa por cárcel, con la condición de no incumplir lo acordado.
Además, el proyecto contempla la utilización o participación de menores de edad en el marco de los estallidos sociales de 2019, 2020 y 2021, muchos de los cuales terminaron en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tras ser capturados. Para estos casos, el proyecto se limita a señalar que “el indulto o la amnistía operarán de pleno derecho”.
Cabe mencionar que, tanto para adultos como para menores de edad, se deja claridad que los beneficios (en caso de aprobarse el proyecto) solo aplicarán una sola vez y su solicitud tendrá un mes de plazo para ser decidido vía resolución presidencial.
¿Es viable el indulto y la amnistía para la Primera Línea?
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, analizó para Kienyke.com las implicaciones que podría llegar a tener el tema del indulto para la Primera Línea o la idea original de que sus miembros pudieran fungir como gestores de paz y convivencia. Una idea que si bien considera buena, opina que está mal desarrollada y puede desconocer el equilibrio de poderes.
De acuerdo con el jurista, en este momento no existe ningún mecanismo jurídico que permita que los jóvenes salgan de su detención para ser gestores de paz (ya que no existe tal medida de aseguramiento) e incluso ve en los indultos presidenciales la creación de un poder que podría transgredir la separación de poderes. Hoy por hoy solo el Congreso de la República puede conceder indultos o amnistías y se requieren unas condiciones bastante estrictas para lograrlo.
En ese sentido, que eso pueda ser dictaminado por el presidente podría abrir la puerta a un escenario en el que el Gobierno desconozca decisiones judiciales. “No es un solo plumazo el que va a permitir que se abran las puertas de la prisión para estas personas (...) En Colombia los indultos no los da el presidente”, precisó el penalista.
Para Francisco Bernate, otro de los grandes problemas de que un escenario como este sea aprobado, es la delimitación de lo que es y lo que no puede ser un delito político, así como sus conexos. Siendo esta una condición necesaria para que exista amnistía, mientras el indulto es más extremo al tratarse del perdón concedido a una persona en específico.
Por esa razón, pide tener la claridad de que los delitos políticos están exclusivamente relacionados con “la rebelión, la sedición y la asonada (...), que tienen la finalidad de impedir que las autoridades actúen o el normal desarrollo de las instituciones”. Mientras que, por otro lado, los miembros de la Primera Línea generalmente son “procesados por delitos como daño al bien ajeno, violencia contra servidor público, daño al bien ajeno agravado por ser cosas públicas, obstrucción de vías públicas y demás”.
Hay que decir que existe una diferencia muy clara entre la versión inicial de la idea y el proyecto actual, ya que por lo menos delimita el tipo de delitos y lo extrae de un marco de “paz total” en el que, asegura Bernate, se hubiese podido abrir la puerta a que grupos de delincuencia común pidieran beneficios ante la justicia.
Además, la iniciativa que cursa en la Cámara también contempla un compromiso de restauración y resocialización por al menos un año, garantizando algo de compensación para víctimas de actos de vandalismo y evitando enviar un mensaje de impunidad. Aunque, en el fondo, sigue abierto el debate de si esto del “plumazo” para las amnistías e indultos pueda llegar a afectar la legitimidad de las decisiones judiciales y generar un desequilibrio.
