Roy Barreras y su proyecto para aumentar los poderes de la Corte Suprema

18 Mayo 2022, 06:16 PM
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En el Senado se debate de un proyecto, con Roy Barreras como ponente, que busca que sea la Corte Suprema la que investigue los casos de extinción de dominio que involucren a aforados.

En medio de la contienda presidencial que atraviesa Colombia, a contados días para que el país escoja su nueva dirigencia, otros temas de gran importancia han pasado a segundo plano. Por ejemplo, se olvida que está en curso el último periodo legislativo y que en este último casi siempre se aprovecha para meter algunos proyectos drásticos. Uno de estos llegó por cuenta de Roy Barreras en el Senado, quien pretende aumentar las competencias de la Corte Suprema de Justicia y restarle a la Fiscalía

Se trata del Proyecto 362 de 2022, mediante el cual “se establece el proceso de extinción del derecho de dominio y se dictan otras disposiciones”. En resumidas cuentas, lo que busca la iniciativa es trasladar a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de la investigación y ejecución de la extinción de dominio sobre bienes de aforados constitucionales o legales. Creando con ello también la necesidad de empalme estructural entre la Corte Suprema y la Fiscalía, así como la creación de los empleos necesarios para cumplir con la nueva responsabilidad. 

Los cambios contemplados por el senador en su proyecto, involucran básicamente tres puntos. En primera instancia, de ser aprobado, se modificaría el artículo 5 del Decreto Ley 16 de 2014, que define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía. En este, se añadiría el siguiente apartado como responsabilidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema: 

Investigar y ejercer la acción de extinción de dominio, de manera autónoma e independiente de la acción penal, sobre los bienes pertenecientes a los servidores con fuero constitucional o legal cuya investigación penal esté asignada al Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General de la Nación o los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”. 

Sumado a ello, el proyecto pretende modificar el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, ya alterado por una ley posterior de 2017, llevando a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema la “competencia para el juzgamiento en materia de extinción de dominio de los bienes de titularidad de aforados cuya investigación recaiga en la sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de aquellos aforados que son sujetos de juicio ante el Senado de la República”. Hasta el momento, esta condición aplicaba únicamente para funcionarios diplomáticos debidamente acreditados.  

De esta manera, un tercer cambio corresponde a un añadido al artículo 34 de la misma ley, en la que se especifica que las competencias de la Fiscalía en materia de extinción de dominio, se extenderían a la Corte Suprema en procesos de su competencia.

La justificación de dichos cambios, según los argumentos expuestos en el proyecto de Roy Barreras, es poder garantizar la imparcialidad tanto en el juzgamiento de acciones penales como en la acción de extinción de dominio. Según el senador del Pacto Histórico, “se garantiza la eficiencia en la administración de justicia y a su vez se mantienen las garantías judiciales previstas para los aforados constitucionales”. 

Sumado a ello, además del empalme con la Fiscalía para esta tarea, se crearán empleos en “las instituciones que intervengan en el ejercicio de la acción de extinción del derecho de dominio de las personas amparadas con fuero constitucional”. Una gestión que se tramitaría en otro proyecto de ley. 

Cabe recordar que todo esto llega en medio de un clima de desconfianza de los partidos de oposición frente a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual, por ejemplo, el candidato Gustavo Petro se ha negado a dejar atrás su curul en medio de la campaña presidencial (ya que ello lo dejaría a merced de la justicia ordinaria). 

Sin embargo, sí habría que preguntarse si una tarea como estas, con todo y creación de empleos incluida, responde a la necesidad de austeridad en el gasto público. Eso, sin contar con la difícil tarea que tendrá el senador para demostrar la imparcialidad de la actual competencia de la Fiscalía y cómo es que sería equilibrado en la administración de justicia seguir creciendo las competencias de la Corte Suprema. Todavía más cuando, siendo congresista, esta medida podría resultarle beneficiosa. 

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