¿Salvoconducto para Petro? El punto más polémico del discurso de Cepeda

La exigencia de no perseguir judicialmente a Petro plantea un dilema sobre independencia judicial, democracia y debido proceso.
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La oposición tiene derecho a cuestionar, protestar y ejercer control político. Lo que no puede hacer es convertir ese derecho en una condición para blindar a quienes dejan el poder.

El discurso de Iván Cepeda deja varias exigencias al presidente electo, pero una sobresale por encima de las demás: el pedido de un compromiso para que no haya persecución judicial contra Gustavo Petro ni contra dirigentes de su Gobierno. Esa petición merece una reflexión de fondo.

La justicia no depende del Ejecutivo

En un Estado de derecho, ningún presidente puede garantizar que otra persona nunca será investigada. Esa decisión no depende del Ejecutivo, sino de los organismos competentes y de los jueces.

Si existen pruebas de un delito, la obligación es investigar. Si no existen, la obligación es proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en si Petro será o no investigado. El verdadero punto es si un sector político puede exigir, como condición para reconocer al nuevo gobierno, una garantía anticipada de que no habrá actuaciones judiciales contra el mandatario saliente.

La democracia no funciona sobre promesas de impunidad ni sobre amenazas de desobediencia civil. Funciona sobre instituciones independientes, jueces autónomos y reglas que se aplican por igual a quien llega al poder y a quien lo deja.

El riesgo de un blindaje anticipado

Si algún día existiera una persecución política sin pruebas, Colombia cuenta con mecanismos constitucionales para enfrentarla. Pero pedir un blindaje antes de que exista siquiera una investigación abre un precedente peligroso: convertir las garantías constitucionales en un salvoconducto político.

Al final, la democracia no necesita presidentes intocables. Necesita gobernantes responsables. Quien ocupa la Casa de Nariño debe responder por sus decisiones si hay mérito para ello, y debe ser protegido si no lo hay. Ese equilibrio es el que sostiene la justicia.

Porque en una verdadera democracia, la mejor garantía nunca es la impunidad. La mejor garantía siempre será el debido proceso.

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