La Defensoría del Pueblo confirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó el paro armado que mantenía confinadas a decenas de comunidades en el municipio de Bajo Baudó.
La medida ilegal, que había comenzado el pasado 17 de marzo, afectó a más de 6.000 personas, entre comunidades afrocolombianas e indígenas, quienes enfrentaron restricciones severas a la movilidad, el acceso a alimentos, servicios de salud y educación.
“Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica (…) Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario”, indicó la entidad.
Persisten el miedo y las afectaciones
Aunque el paro fue levantado, la Defensoría advirtió que las comunidades siguen enfrentando las consecuencias del confinamiento, así como un ambiente de temor por la presencia de grupos armados.
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Durante los días de la medida, 25 comunidades, 16 afrocolombianas y nueve indígenas, permanecieron prácticamente aisladas, sin posibilidad de movilizarse por corredores fluviales ni de abastecerse de bienes básicos.
Además, la entidad alertó que continúan las presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo, lo que mantiene en riesgo a la población civil.
“Las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo. Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, enfatizó.
Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar prácticas como los confinamientos, que afectan directamente a la población civil, especialmente a los pueblos étnicos.
