La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a Jhon Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, y a Jairo Hernán Cadena Ortega, secretario de Educación departamental, por presuntas irregularidades con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Según se pudo establecer, la indagación atienda a las posibles irregularidades por no garantizar la prestación del servicio PAE para la población mayoritaria desde el 21 de septiembre de 2021, y presuntamente desatender las recomendaciones del Comité para el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar -CREPAE- en cabeza de la Procuraduría Regional.
La Procuraduría pudo evidenciar que la alimentación de más de 1.4 millones de estudiantes del país estaría en riesgo como consecuencia de los retrasos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y la reducción de la cobertura en los contratos suscritos.
En marzo de 2021, la Procuraduría reactivó el Comité Especial para el PAE, CEPAE, para validar las acciones preventivas y disciplinarias que garanticen los derechos constitucionales a la educación y la alimentación de los niños del país.
En Nariño, según detalló Blu Radio, el PAE finalizó el 31 de agosto de 2021 y presuntamente se incumplió con el contrato 1050 de 2021, por lo que el procurador Judicial para la Infancia y Adolescencia solicitó se informe si se tiene prevista alguna alternativa para garantizar la prestación del PAE de manera ininterrumpida.
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Otros casos relacionados con el PAE
Por presuntamente haber modificado el cronograma de la licitación pública para el Programa de Alimentación Escolar en Ipiales, Nariño, generando un retraso en la entrega de las raciones a los niños, el pasado 30 de diciembre, la Procuraduría formuló cargos a Mónica Alejandra Díaz Chacón, exdirectora del Departamento Administrativo de Contratación de ese municipio.
El caso se remonta a 2018, cuando por el retraso en la contratación que provocó que cerca de 16 mil menores de edad no recibieran sus raciones alimenticias durante 25 días. "Por una adenda que habría gestionado Díaz Chacón, la contratación no inició en enero de 2018, sino hasta marzo", indicó el Ministerio Público.
Para el ente de control, la exdirectora presuntamente vulneró los principios de responsabilidad y economía de la contratación estatal por desconocer el inicio del calendario escolar al modificar los plazos del cronograma, y no realizar el análisis de tiempos necesarios que evitara que los beneficiarios dejaran de recibir sus raciones alimentarias por un lapso sin que medie justificación legal.
