El Juzgado Segundo Municipal de Barbosa (Antioquia) impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el actual alcalde de Barbosa, Édgar Augusto Gallego Arias, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, por presuntas irregularidades en contrato para la atención de la emergencia por coronavirus en el municipio.
En el mismo proceso fueron cobijados con detención domiciliaria Daniel Fernando Alcaraz Muñoz, secretario de Salud Municipal, Hugo Aldemar Suárez Osorno, secretario de Planeación y supervisor del contrato, y el contratista Julián Andrés García Torres.
Alcaraz Muñoz también fue imputado por los punibles de falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación de la Fiscalía estableció que el convenio contemplaba capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para celebrar el convenio.
La oportuna intervención de la Fiscalía General de la Nación permitió que el contrato se ejecutara solo en un 50 por ciento.
El Grupo de Tareas Especiales Covid-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Seccional Antioquia, de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que no solo se habrían registrado sobrecostos en los elementos adquiridos, sino que los productos adquiridos serían de mala calidad y otros no guardan relación directa con el contrato.
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La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los procesados ante los jueces penales del Circuito.
