La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre dos inmuebles rurales y doce urbanos que harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en La Guajira.
Los bienes, avaluados en 2.800 millones de pesos, fueron ocupados por personal del CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao y Manaure (La Guajira); y en Barranquilla y Soledad (Atlántico), apoyados por el Gaula del Ejército Nacional.
Los activos pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al Gerente Financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena quienes estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015, suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI Indígena el 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de 8.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación penal se estableció que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Al parecer, el contratista fue seleccionado con antelación y se desconoció que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni tenía autorización para prestar servicios de salud en zonas rurales.
Adicionalmente, el material de prueba evidenció cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento superior a los 2.800 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados.
