Siete casos de reclutamiento de niños y adolescentes fueron reportados en el departamento colombiano de Nariño (suroeste) en el primer semestre del año, según la Defensoría del Pueblo, que alertó este lunes de un aumento de este fenómeno.
"La Defensoría del Pueblo ha conocido 20 casos desde el 2020 hasta la fecha, siendo el primer semestre del 2023 el periodo en el que más fueron reportados, con siete: tres en Tumaco, dos en Barbacoas y de a uno en Policarpa y El Charco", dijo esta institución en un comunicado.
Para la Defensoría, las labores de prevención y protección no están funcionando, ya que "solo 13 municipios de los 64 del departamento" cuentan con un equipo de acción inmediata.
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Gracias a una misión humanitaria se pudo confirmar el "aumento del control territorial y social" que ejercen al menos cuatro grupos ilegales, de forma que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que "es clave fortalecer la implementación de la línea de política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por grupos armados organizados".
Camargo insistió en que resulta necesario "adelantar acciones" para fortalecer los entornos protectores, como son las familias y las escuelas, ya que de acuerdo a la Secretaría de Educación de Nariño "alrededor de 7.000 menores de edad no fueron escolarizados este año".
"Es importante que todas las entidades nacionales, departamentales y municipales continúen trabajando en conjunto para llevar a los territorios la oferta institucional, programas e iniciativas ajustadas a las realidades del territorio", puntualizó el defensor del Pueblo.
Para evitar el aumento de los casos, la Defensoría programó para el 19 de julio la primera sesión del año de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento con el objetivo de establecer un "plan de acción" que todavía no existe para hacer frente a esta vulneración de los derechos de los jóvenes.
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Esta primera sesión llega en julio tras haber sido advertidos anteriormente sobre el riesgo del aumento del reclutamiento de menores de edad en el departamento de Nariño.
“Gestionamos para el próximo 19 de julio la primera sesión de la Mesa, así como también logramos que para esa fecha se cuente con un plan de acción de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de menores de edad”, aseguró Camargo.
Casi la totalidad del departamento de Nariño, situado en el sur del Pacífico colombiano, está afectada por la disputa por el control territorial de los grupos armados -disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el paramilitar Clan del Golfo- que ha expuesto a la población a desplazamientos, amenazas y otras agresiones como el reclutamiento.
Así rescató el Ejército Nacional a una menor de edad de la Estructura Primera
El Ejército Nacional logró recuperar a una menor de edad, quien habría sido reclutada de manera ilegal en el departamento del Guaviare, por presuntos integrantes de la Estructura Primera.
En desarrollo de una operación coordinada e interinstitucional entre tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Séptima Brigada y Policía Nacional, se logró la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada para desarrollar labores de inteligencia delictiva para el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera que delinque en el departamento del Guaviare.
Tras labores de acompañamiento a la menor, esta logró escapar de las filas de la organización armada ilegal, lo cual deja entrever la práctica sistemática de este flagelo criminal, reclutando menores de edad para realizar diferentes actividades ilícitas, atentando en contra del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de conflictos armados (DICA).
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La menor de edad fue traslada por el Ejército Nacional desde un municipio ubicado al sur del departamento del Meta y puesta bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Seccional Guaviare, para garantizarle sus derechos.
El Ejército Nacional continúa realizando operaciones sostenidas que apoyan las estrategias en contra del reclutamiento ilícito para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región, al mismo tiempo busca evitar que estas estructuras continúen generando temor en la población.
