Una vez más, funcionarios públicos de la Costa Caribe se ven envueltos en un caso de presunta corrupción. En esta ocasión, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, entre otros funcionarios.
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De acuerdo con el ente de control, la Alcaldía habría invertido 100 mil millones de pesos en un proyecto de infraestructura con el que se construirían 39 centros de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. Con ese plan se beneficiarían cerca de 470 mil habitantes.
Sin embargo, el Ministerio Público manifestó que esas obras están “suspendidas y en situación de abandono, lo que afecta la accesibilidad y óptima prestación del servicio esencial de salud en la ciudad”.
Según la Procuraduría, Vélez presuntamente no cumplió con las labores de vigilancia y control del proyecto de construcción y adecuación de la red hospitalaria de Cartagena. Por ese motivo, terminó afectando la debida prestación del servicio público de salud en un sector vulnerable de la ciudad.
El ente de control calificó la falta del exfuncionario como grave a título de culpa.
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Otros implicados en el caso
Por otra parte, la Procuraduría formuló tres cargos a la exdirectora del Departamento Distrital de Salud (Dadis), Martha Rodríguez. Los motivos son, presuntamente, no contar con estudios y diseños previos completos, licencias urbanísticas y concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.
El Ministerio también reprochó el hecho de que supuestamente, una vez detectadas las fallas en la construcción, no se aplicaron medidas correctivas. Asimismo, “el que supuestamente hubiera consignado en un documento oficial, situaciones que al parecer no correspondían a la realidad del proyecto”, dijo la Procuraduría.
Al supervisor del contrato de interventoría del Dadis, Javier Martínez, le imputaron dos cargos. El primero es porque no habría presentado informes de seguimiento a las obras en los que debía advertir las presuntas fallas e incumplimiento.
El segundo cargo es por “presunta extralimitación de funciones al suscribir documentos del proceso contractual, sin que estuviera supuestamente facultado para ello”.
