La Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación contra el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, por no cumplir la orden de restitución del espacio que ocupa la torre Aquarela.
De acuerdo con el Ministerio Público, la administración de Pereira, igual que las anteriores, no ha protegido a la ciudad frente a la obra que pone en riesgo el valor de Cartagena como Patrimonio Mundial y Cultural.
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Según el ente de control, Pedrito Pereira no le cumplió a la ciudad teniendo en cuenta que no contrató el estudio de sismo resistencia del edificio Aquarela para preservar el patrimonio cultural y la vida y seguridad de las personas en caso de una emergencia.
Además, la Procuraduría considera que la omisión de la orden de restitución configura una “presunta desviación de poder”. El Ministerio Público manifestó que “es lamentable que no haya cumplido la orden judicial derivada de la Acción Popular de la Procuraduría de contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque ninguna autoridad local tenía el expertiz técnico para un estudio de esa complejidad”.
Adicional a la investigación que se abrirá contra el alcalde, la Procuraduría solicitará al Ministerio de Cultura y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que se realice un estudio para determinar el riesgo de desastre y la pérdida de la calificación que tiene Cartagena como patrimonio de la humanidad.
Alcaldía de Cartagena se manifestó
Frente a este pronunciamiento del Ministerio Público, el alcalde de Cartagena manifestó que no ha sido notificado de la apertura de algún proceso disciplinario formalmente. Sin embargo, aclaró que recibirá la decisión que tome la Procuraduría de manera respetuosa y la atenderá en el momento que corresponda.
En cuanto a la restitución del espacio público indicó que la Alcaldía de Cartagena requirió a los propietarios del inmueble cumplir la orden que, según Pereira, en un principio no le corresponde a la Alcaldía sino a los dueños de la edificación.
Agregó que los particulares tenían dos meses para cumplir la orden, sin embargo solo pagaron la multa que se les impuso. El alcalde explicó que los propietarios del inmueble alegaron que por orden de un juez se suspendieron las obras y por eso no ha sido posible proceder a la restitución.
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Sin embargo la resolución dice que si en dos meses no se cumplía, la restitución tenía que hacerla la Alcaldía de Cartagena, de tal manera que había que determinar cuál era el procedimiento necesario de acuerdo al método constructivo del edificio”, indicó el mandatario.
Para dar solución la administración solicitó una propuesta a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la misma que se rechazó debido a que según Pereira, sus asesores le indicaron que no era procedente debido al método de pago que planteaba la propuesta.
Finalmente el mandatario aseguró que luego de consultar con la Secretaría de Infraestructura de su administración, el mejor método para restituir el espacio público es la demolición por lo que la Alcaldía va a trabajar para proceder de acuerdo a las normas legales.
