El gobernador del Vichada Álvaro Arley León Flórez fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato para entregar mercados a las familias vulnerables del departamento, el cual terminó costando 300 millones más de los presupuestado.
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Según el Ministerio Público, “León Flórez omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el Contrato de Compraventa No. 366 de 2020, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad”.
El contrato del 3 de abril de 2020 pretendía la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, como un apoyo a los hogares en medio de la pandemia de Covid-19.
El contrato fue suscrito con un valor inicial de 1.714’041.000 pero después de la ejecución, se presentaron sobrecostos que alcanzaron los 312’103.470 de pesos. “Se pudo establecer que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como el AIU (valores determinados para administración, imprevistos y utilidad), impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística”, señaló la Procuraduría.
El Ministerio Público determinó que el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir los efectos negativos sobre los dineros del departamento, a pesar de las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica que presenta el país. Por esta razón la falta fue considerada grave y a título de culpa grave, por lo que el León Flórez quedará suspendido por cuatro meses.
La suspensión también cobijó al técnico operativo encargado de Compras y Suministros de la Gobernación, Cicerón González García, al hallarlo responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas. “No estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por el covid-19”, señaló el ente de control.
“Como técnico de compras no analizó, ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado, que le permitiera validar los precios más favorables para la gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región”, agregó el Ministerio Público.
Los dos funcionarios de la Gobernación de Vichada apelaron la decisión y esta deberá ser analizada en segunda instancia.
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El contrato también es investigado por la Contraloría General de la Nación, esa entidad halló que validado el costo de los productos teniendo como referente Colombia Compra Eficiente, grandes superficies y DANE, se observa un presunto sobrecosto del 14.45%, el cual asciende a $ 216.728.149.
