Veeduría de vacunación pide tomar medidas ante nuevo pico de covid-19

Jue, 13/01/2022 - 15:57
La Veeduría de Vacunación de Antioquia solicitó al Gobierno Nacional endurecer las medidas, entre ellas cancelar fiestas municipales y no retornar aún a las aulas en los colegios.
Créditos:
Twitter - @AlcaldiadeMed

La Veeduría al Plan de Vacunación en Antioquia alertó al Gobierno Nacional sobre la necesidad de “adoptar decisiones más oportunas, certeras y asertivas en la gestión que se está dando a la cuarta ola de contagios, pues los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud el pasado 7 de enero de 2022 suscitan múltiples interrogantes y preocupaciones”, aseguran.

La limitación de los testeos a los casos sintomáticos, la reducción del tiempo de aislamiento y la logística de los puntos de vacunación son algunos de los aspectos que consideran pueden tener riesgos colectivos asociados a la pandemia en la actualidad.

Con predominio de la variable ómicron, cuya principal característica es su alta capacidad de contagio, mencionan que es necesario tomar medidas adicionales para proteger el personal de salud, las personas con comorbilidades, los pacientes que se encuentren hospitalizados, los niños menores de tres años y los adultos mayores de 60 años. 

Para esta entidad, los costos asociados a la respuesta contra la pandemia, como los del Plan Nacional de Vacunación o los efectos en el sector empresarial por el aumento de incapacidades por tiempos de aislamiento, son evidencia de que las medidas del 7 de enero son más cercanas a un enfoque financiero de disminución de gastos que a un componente de salud integral.

Temen que con las condiciones actuales el número de casos siga en aumento y se pueda llegar a más de 40 mil casos por día. Aunque los datos científicos sobre la variable ómicron demuestran que provoca una mortalidad menor que su antecesora (variable delta), mencionan que esto no significa que no pueda tener impacto grave en la salud y la vida de la población no vacunada y con comorbilidades de alto riesgo.

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Según la Veeduría, la baja tasa de mortalidad de esta variable “no puede ser pretexto para la inacción, pues hay cargas de mortalidad evitables, así como aspectos que reclaman mayor financiación y mayor transparencia”.

Piden garantizar una inmunización del noventa (90) por ciento de la población y para ello se debe brindar cobertura a otros 16 millones de personas que aún no cuentan con su segunda dosis o en otros casos aún pendientes de su primera dosis además de trabajar en la disponibilidad de biológicos para las dosis de refuerzo (tercera dosis), lo cual representa un aproximado de otros 40 millones de dosis que Colombia tendría que adquirir.

Aseguran que la vacunación se ha visto frenada por barreras sociales e institucionales que no permiten acceso más generalizado a la vacuna, tales como el horario laboral, horario de los puntos de vacunación, sobrecarga laboral del personal de vacunación, ausencia de un plan generalizado de vacunación puerta a puerta y la falta de centralización de la información sobre la disponibilidad real del número y tipo de biológicos por punto de vacunación.

También hicieron un llamado a las personas no vacunadas para que lo hagan, pues son ellas las que tienen el mayor riesgo de enfermar gravemente y morir, aunque aseguran que hace falta más pedagogía al respecto, ya que la desinformación ha hecho que muchos no quieran vacunarse.

Aseveran que en el combate contra el virus no se puede ni se debe escatimar en gastos, por lo que la necesidad de garantizar una reactivación económica que sea compatible con la protección de la salud y la vida exige mayor consciencia ética sobre la necesidad de la vacunación

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Finalmente, le pidieron al Gobierno Nacional implementar quince (15) medidas como estrategia de protección de la vida:

1. Presentar y socializar de forma pública los informes tecnocientíficos con los cuales soporta el Ministerio de Salud los criterios para reducir los términos de asilamiento de los casos positivos y reconsiderar la medida de no aplicar testeos en los casos asintomáticos, pues toda persona que tenga exposición a un contacto estrecho debe tener la posibilidad de acceder a la prueba.

2. Activar sedes o espacios acondicionados en calidad de hospitales de emergencia, como sedes alternas de atención de urgencias en respuesta a la saturación de la red hospitalaria de emergencias.

3. Precisar al país la disponibilidad real de biológicos adquiridos para los meses de enero y febrero de 2022, como forma de garantizar trasparencia frente a la disponibilidad real con la cual se puede contar en los puntos de vacunación.

4. Implementar mejoras en los procesos logísticos del Plan Nacional de Vacunación referentes a los tiempos de espera en filas y a las condiciones de comodidad en el tiempo de espera, así como mayor certeza en la información sobre la disponibilidad real de biológicos por punto de vacunación.

la contratación de personal adicional en los puntos para disminuir los efectos de sobrecarga laboral del personal de logística, registro y vacunación.

la ampliación de los horarios de los puntos y la ejecución con mayor frecuencia de las jornadas nocturnas, sumado a la necesidad de implementar brigadas de vacunación en universidades, empresas y colegios, que son sitios de concentración de población potencialmente vacunable.

Garantizar un mayor número de puestos de vacunación en horario nocturno y en las redes de transporte masivo es de vital importancia, pues es claro que el horario laboral es limitante en el acceso.

5. Desde el Ministerio del Trabajo, se deben expedir instrumentos normativos con los que se reclame la implementación del teletrabajo por las próximas tres semanas de enero como medida de respuesta al pico de contagios.

6. De forma preferente, se deben aplazar para el mes de febrero todos los partidos de fútbol, conciertos y concentraciones públicas o privadas de alto número de personas en los cuales el control sobre las medidas de bioseguridad sea de difícil aplicación.

7. Se deben entregar sin costo kits de protección (mascarillas, alcohol y jabón líquido) en zonas de concentración de población vulnerable y de escasos recursos y en las redes de transporte público de alta densidad poblacional.

8. Intensificar la asignación de recursos para llevar a cabo estudios genómicos que permitan el análisis de linajes o variables del virus que circulen en el territorio nacional.

9. Presentar al país los datos de capacidad real de testeos que se pueden hacer en el mes de enero y la inyección de recursos económicos suficientes para duplicar o triplicar la capacidad de ejecución de testeos.

10. Asignar brigadas de vacunación en todas las zonas rurales del país donde los ritmos de vacunación son más limitados por asuntos de movilidad, precariedad de la red hospitalaria o zonas de difícil acceso por condiciones climáticas o de conflicto armado.

11. Convocar a los gremios del sector privado a una mesa de carácter prioritario en la segunda semana de enero para solicitar que aporten de su superávit del año 2021 recursos para fortalecer y apoyar financieramente los gastos del proceso logístico de inmunización.

12. Replantear la postura institucional sobre el retorno presencial a las aulas de forma obligatoria mientras disminuyen, como se espera, el número de casos en el trascurso del mes de enero.

13. Garantizar la ubicación de puntos de vacunación en todos los cruces fronterizos de Colombia con sus países vecinos, de tal modo que se pueda brindar accesibilidad tanto a población nacional como no nacional.

14. Garantizar con mayor celeridad la consignación de información de los registros de vacunación en el portal respectivo; el objetivo de brindar mayor celeridad en la digitalización del carnet debe ser el de presionar con mayor rigurosidad la exigencia del carné de vacunación.

Aunque es un deber constitucional del Estado respetar la voluntad de quienes decidan no vacunarse, esto no se puede traducir en que el Estado no pueda implementar estrategias para minimizar riesgos de contagio en escenarios de interacción social, por lo que la exigencia del carné de vacunación es un medio para brindar mayores condiciones de seguridad y mitigación de margen de riesgos.

15. Por directriz del orden nacional, se deben cancelar las fiestas municipales en el trascurso del mes de enero, definiendo así una medida obligatoria y no potestativa de las alcaldías.

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