“La forma como vive gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que uno no entiende cómo Colombia acepta una situación tan inhumana (...). Esto es salvaje, es inmoral, es contrario a la dignidad humana”.
Estas fueron las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, luego de una visita de dos días realizada por el organismo a esta ciudad del Pacífico colombiano, que está sumida en la violencia, el abandono y la desigualdad.
Para De Roux, “es un golpe muy tremendo ver la fuerza del desarrollo económico y multinacional (en esta ciudad) y al mismo tiempo esta realidad humana tan espantosa”.
Justamente la Comisión visitó Buenaventura y el municipio de Tumaco (Nariño), para escuchar a las comunidades locales y analizar la situación de inseguridad que atraviesan.
Cifras de inicios de febrero de la Oficina de DDHH de la ONU y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) indican que en 2021 ha habido un preocupante incremento de la violencia en Buenaventura, con más de 112 familias desplazadas forzosamente, unos 20 asesinatos y siete presuntas desapariciones.
Las causas de la violencia
Manuel González, subdirector de la Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura, habló con la Agencia Anadolu sobre la situación en el puerto colombiano y resumió los problemas del municipio en violencia armada, que no ha disminuido a pesar del Acuerdo de Paz, violencia estructural y la ruptura del tejido social.
El vocero de la Pastoral precisó que varios grupos delincuenciales como ‘Los Shotas’ y los ‘Espartanos’ se disputan el territorio, que además de ocuparse de sus rutas de narcotráfico, también “van haciendo control de territorio, lo que hace que impongan su autoridad”.
“Intervienen en los conflictos en la comunidad y familias. Ellos son quienes deciden quién puede entrar al territorio y quién no. Y quien entra sin permiso y no es de allí, lo desaparecen”, dijo.
Buenaventura no solo es un lugar estratégico para la economía legal o formal, sino también para la economía ilegal que ha encontrado en esta posición geográfica privilegiada un espacio importante. Esto lo ha aprovechado el grupo armado organizado Clan del Golfo, que tiene acceso por el Pacífico hacia el mercado de drogas norteamericano, europeo y asiático.
Tal es el nivel de violencia que en el área urbana ya se ven jóvenes portando armas de largo alcance. “Incluso, las autoridades descubrieron hace poco un lanza granadas”, puntualiza Manuel.
Además de lo anterior, Buenaventura está sumida en una violencia estructural de no creer, teniendo en cuenta que allí se encuentra el puerto marítimo más importante del país.
"El empobrecimiento de las poblaciones que las hace vulnerables", es el pan de cada día en esta región, dice el clérigo.
Uno de los detonantes tiene que ver con el porcentaje de jóvenes y adolescentes que no puede satisfacer sus necesidades: entre el 45% y 55%, tanto hombres como mujeres, algo que aprovechan los grupos armados para reclutar.
Pero también influye que “no hay desarrollo social ni crecimiento progresivo del empleo”. Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señala que en 2019 la tasa de desempleo del municipio era de 20,3 por ciento, el doble del promedio nacional.
Paradójicamente, la tecnificación del sector portuario, que ha crecido exponencialmente allí, se ha ido apoderando de “territorios que antes tenía la comunidad, a los cuales se les ha pagado miserias por la tenencia de la tierra porque no están tituladas”, asegura González Solís. Esta es una situación generalizada y de la que es responsable tanto el sector empresarial como el Gobierno mismo.
Tampoco ha habido educación adecuada, pues la poca que hay está alejada de la realidad y necesidades locales. “Si usted mira cuáles son los problemas sociales, son los mismos de hace 50 años, no se avanza”, lamenta.
Las estructuras criminales han permeado casi todo
Sumado a lo anterior, los pocos sectores que generan ingresos han sido permeados. Por ejemplo, los agricultores que intentan sacar sus productos tienen que pagar una “vacuna” o impuesto a los grupos ilegales. O si se trae algo de fuera del territorio, también hay que pagar.
“Eso hace que se desestimule la producción porque la gente tiene que pagar sobre lo poco que recibe”, dice Manuel.
O la pesca artesanal, que generaba 15 mil o 20 mil empleos, también ha sido intervenida por las bandas locales desde los años 80. Las embarcaciones pesqueras ahora son usadas para “llevar mercancías ilícitas en altamar”. Por ello, los recursos pesqueros que están disponibles son aprovechados por otros países. González dice que barcos de naciones como Japón son vistos regularmente en aguas locales.
Las autoridades “siguen vulnerando” derechos
Otro agravante, según Manuel, es que incluso las autoridades siguen vulnerando los derechos de los pobladores desde hace décadas.
De acuerdo con él, el poco desarrollo (como carreteras o puertos) que ha habido está manchado de despojos, desapariciones y más empobrecimiento. Por ejemplo, mencionó un proyecto de expansión en los años 60 en el que “varias personas desaparecieron”.
“Fueron erradicados cinco barrios a la fuerza. Hubo crecimiento desordenado de la ciudad porque a la gente la sacaron a la fuerza con dragas. Al meter la tubería y tapar las casas, se quedaron personas enterradas… eso se hizo en la madrugada”, narró.
Otro ejemplo sencillo -agregó- es el acueducto local, que no se hizo pensado para la comunidad sino para darle agua al puerto.
Pero también relató cómo ha sido el crecimiento de Buenaventura gracias a la comunidad, “que se fue instalando en las zonas de baja marea, en casas palafíticas, luego en puentes y después las calles rellenadas con basura”.
“El municipio creció de la mano de los propios pobladores, pero lo hizo de manera desordenada y sin planeación (…). Incluso hay muchos lugares donde aún no hay servicios mínimos y si las personas los ponen, por ejemplo, energía, es contrabando”, asevera.
No ha existido una figura de Estado
Todo esto lleva a Manuel González a pensar que en Buenaventura “no ha existido la figura de Estado”.
Este reconocido líder comunitario concluye que a este municipio colombiano, que se quedó estancado en el tiempo en materia de desarrollo, nunca ha llegado la paz ni el Estado.
Este y otros relatos serán insumo para el informe final que entregará la Comisión de la Verdad este año, que según Francisco De Roux va a “decir cosas duras” con un discurso que “no va a ser políticamente correcto”.
A juicio de González Solís, lo primordial para reducir la violencia en el puerto bonaverense es, primero, generar empleo y oportunidades de emprendimiento para jóvenes y así evitar que caigan en las economías ilegales.
Pero también reconstruir el tejido social, evitar la migración de la población local y que los padres "vuelvan a tener el control sobre sus hijos, que los vean crecer y no emigren”.
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“Los muchachos se quedan acá a cargo de quién, de una amiga, comadre, abuela, pero no de sus papás, algo que incide en la estabilidad emocional de todo niño y niña”, precisó.
Según el censo de 2019, en Buenaventura hay cerca de 383 mil habitantes, un número “muy disminuido por la migración y por los asesinatos".
“Los cementerios mantienen llenos, cada día de más jóvenes, pues hay muchos que los asesinan, otros que no aparecen, los despedazan o los tiran al mar con piedras. Es una realidad cruda y dolorosa”, concluyó González.
La violencia política “no es de ahora”
Cristian Llanos, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), dice que no cree que lo de Buenaventura “sea un Estado fallido”, sino que “hay una presencia diferenciada del Estado en los territorios” con unas “territorialidades bélicas que disputan los territorios, además de una crisis de representación y la penetración del narcotráfico”.
Llanos precisa que la violencia política en Buenaventura se ha recrudecido desde hace ya más de una década, que no es de ahora, y recalca que “no es solamente el área urbana”, pues se extiende en zonas rurales y tiene repercusiones sobre toda la costa del Pacífico.
“Su riqueza y ubicación geográfica genera la necesidad de control territorial por parte de los armados legales e ilegales y sus economías, puesto que desde el año 1998 cuando el Plan Colombia llegó al sur del país, se trasladaron estas economías al Pacífico, momento que coincide con la entrada del paramilitarismo a la región en el año 1999”, afirma.
Recientemente, la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que 12 líderes sociales han sido asesinados en Buenaventura desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016.
