Un juez de control de garantías legalizó la captura de Freddy Castellanos, el docente de 36 años señalado de haber abusado sexualmente de al menos 12 menores en el Hogar Infantil Canadá Sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Este jardín infantil es operado bajo convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que ya denunció penalmente los hechos y ordenó el cierre temporal del centro.
La legalización de la captura marca el primer paso en un proceso judicial que podría derivar en una severa condena contra Castellanos, quien será imputado formalmente este miércoles 7 de mayo por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros cargos, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Desgarradores testimonios y clamor de justicia
La gravedad del caso ha generado una profunda indignación en la opinión pública. Las familias de las víctimas han organizado plantones, bloqueado vías y exigido respuestas tanto a las autoridades judiciales como al ICBF. Una madre, cuyo testimonio fue difundido por medios nacionales, denunció que existió negligencia institucional: “Esta es la consecuencia de la falta de control por parte de Bienestar Familiar sobre las entidades. Esto no pasó de un día para otro”, afirmó.
En declaraciones a la prensa, algunas familias también han sugerido que podría haber personas encubridoras o negligentes dentro de la misma institución, elevando aún más la presión sobre las autoridades responsables del cuidado infantil.
¿Qué pasará con Freddy Castellanos?
Tras ser capturado en una operación conjunta entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, Castellanos permanece bajo custodia en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. En la audiencia programada para hoy, el juez de garantías evaluará si dicta medida de aseguramiento intramural, decisión que podría dejarlo en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
De comprobarse su culpabilidad, Castellanos enfrentaría penas superiores a 20 años de prisión, dada la gravedad de los cargos y la cantidad de víctimas menores involucradas. La ley colombiana contempla castigos ejemplares para delitos sexuales contra menores, especialmente cuando hay evidencia múltiple, como en este caso.
Medidas del ICBF y pronunciamiento institucional
El ICBF anunció el cierre temporal del jardín donde ocurrieron los hechos y aseguró que ha activado todas las rutas de atención para acompañar a las víctimas y sus familias. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, informó que se entregaron las pruebas recopiladas en el hogar infantil y se está prestando apoyo psicosocial a las familias afectadas.
Además, desmintió los rumores que hablaban de contagios de enfermedades de transmisión sexual: “No hay indicios de VIH entre los niños, según la información con la que contamos hasta la fecha”, aclaró.
Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social emitió un comunicado rechazando categóricamente cualquier forma de violencia contra la niñez y manifestando su solidaridad con los menores afectados.
Un patrón preocupante
Este no es un caso aislado. El ICBF ha enfrentado situaciones similares en los últimos años. En marzo de 2023, cerró un hogar comunitario en Piedecuesta (Santander) tras denuncias de abuso a cuatro menores, y en 2022, tomó la misma medida en Pereira, Risaralda, por un hecho similar.
Ante esta preocupante recurrencia, el ICBF reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en los hogares comunitarios. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso sospechoso de abuso infantil a través de la Línea 141 o el 123, canales oficiales para prevenir la vulneración de los derechos de los menores.
Mientras avanza el proceso judicial contra Freddy Castellanos, este caso deja en evidencia la urgencia de mejorar los controles institucionales en jardines infantiles bajo convenio con el Estado. La sociedad colombiana espera que se haga justicia con las víctimas y que se implementen reformas estructurales que garanticen entornos seguros para la niñez.
