Cristina Plazas Michelsen

Abogada y columnista. Ha desempeñado cargos destacados como directora del ICBF, edil de Chapinero, concejal de Bogotá, alta consejera presidencial para la Mujer, secretaria privada de la Presidencia y secretaria del Consejo de Ministros. Se ha distinguido por su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y las mujeres, así como por su postura firme contra la corrupción y la improvisación en la política.

Cristina Plazas Michelsen

El costo de no arrodillarse

La empresa privada en Colombia es el motor que mantiene este país en pie, pero pocas industrias lo hacen de manera tan visible como el sector de la construcción. Son las constructoras las que levantan barrios, viviendas, parques, empleo, vida. Por eso preocupa tanto ver cómo hoy una de las empresas más serias del país se convierte en blanco político sin razón alguna.

Desde hace meses, por las críticas que Bernie Moreno —senador en Estados Unidos— ha hecho al Gobierno Petro, su hermano Roberto y la empresa Amarilo se convirtieron en blanco directo del presidente. Petro se ha ensañado contra ellos lanzando todo tipo de acusaciones sin una sola prueba, movido más por una venganza visceral que por hechos reales. Ha insinuado volteo de tierras, lavado de activos, corrupción y todo lo que se le ocurre en el momento, sin que exista evidencia que respalde esos señalamientos. Lo preocupante es que este ataque no busca justicia: busca castigar a una empresa que le ha aportado al país durante décadas.

Mientras algunos destruyen desde el poder, Amarilo construye: hogares, empleo y futuro para miles de familias. El sector de la construcción mueve más de 30 industrias. Amarilo cerró 2024 con cerca de 2.460 trabajadores directos y más de 11.700 indirectos: más de 14.000 familias que dependen de su operación. Además, cerró con 10.180 viviendas vendidas, incluyendo miles de interés social.

Eso no es solo negocio: es movilidad social, empleo y progreso real. Además, la empresa tiene proyectos serios de sostenibilidad, desde recuperación de bosques secos hasta más de 13.800 viviendas certificadas como construcción sostenible. Ese trabajo no es ideología, ni narrativa, ni discurso: es transformación real de entornos y vidas.

En medio de todo esto, empieza a sonar un rumor peligroso en los círculos empresariales: la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio esté preparando una visita de inspección a Amarilo. No sabemos si es cierto, pero sí sabemos que este Gobierno ya ha utilizado las superintendencias como mecanismo de presión política. Ya vimos las visitas de la SIC a Caracol, RCN y Canal 1. Vimos cómo a las cajas de compensación las presionaron con una extorsión institucional para terminar quedándose con el control de la Nueva EPS. Y vimos cómo llegaron a Thomas Greg & Sons y a Naturgas tratándolos como si fueran organizaciones criminales, usando el mismo libreto intimidatorio disfrazado de inspección. Cuando los mismos métodos se repiten una y otra vez, ya no son hechos aislados: es un patrón de poder que busca intimidar y castigar a quien no se arrodilla.

Si esa visita a Amarilo se llega a concretar, después de semanas de ataques del propio presidente contra la familia Moreno, será imposible no verlo como un acto de intimidación política. Las superintendencias no pueden convertirse en el brazo del Gobierno para ajustar cuentas personales. Su misión es proteger la libre competencia y a los consumidores, no perseguir empresas que no se alinean con el poder.

Colombia necesita empresas que sigan construyendo, invirtiendo y generando empleo sin miedo a represalias. Defender a Amarilo —y a cualquier empresa honesta— es defender la democracia económica del país. Porque sin constructoras fuertes, sin empresa privada vigorosa y sin un gobierno que respete a quienes trabajan, invierten y generan oportunidades, simplemente no hay progreso posible.

Y aquí hay algo más que decir. A diferencia del presidente y su movimiento político, que chuzan y presionan movilizaciones cada vez que se les antoja, el sector productivo no está pensando en cómo parar el país, sino en cómo sacarlo adelante. Mientras unos viven de la confrontación, quienes producen, invierten y generan empleo están dedicados a construir futuro.

Nuestro “pecado” es respetar la ley, mientras del otro lado actúan sin límites y sin consecuencias. El miedo es comprensible, porque la persecución contra cualquier enemigo —real o inventado— se volvió una práctica mafiosa. Pero señoras y señores: no podemos seguir en esta pasividad. No podemos seguir viendo abusos, irregularidades y represalias sin que pase nada. Llegó la hora de despertar, de actuar, de exigir respeto por las instituciones, por la empresa privada, por el trabajo honesto.

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Cristina Plazas Michelsen
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