El reciente incremento del 23 % en el salario mínimo comienza a generar alertas en la administración de Bogotá. Ante el impacto que este ajuste podría tener sobre el presupuesto distrital, el Concejo de Bogotá abrirá un espacio de análisis para revisar sus efectos en sectores clave como el empleo, la infraestructura y los servicios sociales.
La iniciativa fue convocada por el concejal Rolando González, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda, quien citó a una sesión especial con el fin de evaluar cómo el Distrito enfrentará las nuevas cargas económicas derivadas del aumento salarial.
De acuerdo con el cabildante, la citación busca que la Administración Distrital explique con claridad qué acciones adoptará para manejar el impacto del incremento del salario mínimo en el funcionamiento de la ciudad.
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González señaló que el ejercicio de control político apunta a conocer las medidas previstas para evitar efectos negativos sobre el empleo, la competitividad, el presupuesto de Bogotá y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. A su juicio, el ajuste salarial representa un desafío que debe ser abordado con planeación y responsabilidad fiscal.
Uno de los componentes centrales del encuentro será la participación de los gremios económicos, especialmente aquellos sectores cuya actividad depende en gran medida de la mano de obra. El concejal explicó que el debate se abrirá con la intervención de estos actores, con el propósito de conocer cómo el aumento del salario mínimo impacta sus costos y su capacidad operativa.
Para González, escuchar a los empresarios resulta fundamental para tener una visión completa del efecto del ajuste salarial sobre la economía local y el mercado laboral.
Cifras que preocupan al Concejo
Según el análisis presentado por el presidente de la Comisión Tercera, el incremento del salario mínimo podría traducirse en una presión significativa sobre las finanzas distritales. Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:
- La necesidad de $112 mil millones adicionales para mantener la cobertura de servicios de la Secretaría de Integración Social.
- Un requerimiento de $67 mil millones adicionales para sostener el acceso a servicios culturales, recreativos y deportivos.
- El riesgo para 90 proyectos de infraestructura, debido al encarecimiento de la mano de obra y los insumos.
- Un posible aumento de $4.000 en la tarifa de aseo por recibo para los ciudadanos.
- Una reducción del 10 % en los cupos de vivienda, asociada al incremento en los costos del sector.
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Servicios sociales bajo presión
El concejal advirtió que, de no tomarse decisiones oportunas, el ajuste salarial podría comprometer la continuidad de programas sociales y de inversión. En ese sentido, insistió en que el Distrito debe definir mecanismos que permitan absorber el impacto sin afectar de manera directa a los usuarios ni frenar proyectos estratégicos.
La sesión convocada por la Comisión Tercera de Hacienda se perfila como un espacio determinante para evaluar la capacidad del Distrito de responder al nuevo escenario salarial. El debate no solo abordará los costos inmediatos del aumento, sino también su impacto a mediano plazo sobre la estabilidad financiera y el desarrollo de la ciudad.
