La alcaldesa Claudia López informó que Bogotá acogerá las recomendaciones de autoridades e informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Tras hacerse público el informe realizado por el funcionario de la ONU, la Alcaldía reconoció que respeta y valora las puntualizaciones que dejó el máximo órgano internacional en esta materia, por lo que todas las entidades del Estado deberán redoblar los esfuerzos para trabajar en la garantía de los Derechos Humanos en Colombia.
El Distrito implementará las recomendaciones sugerencias que le competan, en particular aquellas que se refieren a aspectos del Acuerdo de Paz, la protección de los líderes y lideresas sociales y la garantía de derecho a la movilización pacífica.
El Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI", le apuesta a convertir a la capital en el epicentro nacional de paz y reconciliación.
Bogotá junto a los departamentos de la región central del país se encuentran diseñando una estrategia de Integración territorial que busca cerrar las brechas entre la población rural y urbana de esta zona del país.
El informe de la ONU insta a los gobiernos locales para que en sus respectivos Planes Desarrollo incluyan y apropien recursos para la protección de líderes y lideresas sociales, y estructuren medidas de prevención colectiva.
Ese sería uno de los focos centrales para el plan de la ciudad, y por ello se incluyeron los mecanismos de prevención colectiva como una necesidad indispensable en la ruta implementada por la Secretaría de Gobierno. La entidad adelantará estrategias diferenciadas en las veinte localidades e incluso por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).
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Por otra parte, Naciones Unidas hace un llamado a respetar la movilización pacífica y a tener un manejo proporcional de la fuerza de policía que garantice los Derechos Humanos.
“El mejor servicio que se presta a la movilización social en Bogotá es la individualización de quienes actúan de manera violenta y vulneran los Derechos Humanos de los manifiestan por sus causas, así como de los miembros de la Policía”, explica la alcaldesa.
La Alcaldía asegura que desde el Protocolo se subraya que las movilizaciones sociales no son un asunto de orden público, sino el ejercicio de un derecho fundamental, por lo que se fundamenta en el diálogo con los diferentes actores y la prohibición del uso de armas letales por parte del ESMAD.
