La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la exalcadesa de la localidad de Bosa y actual mandataria local de Los Mártires, en Bogotá, Tatiana Piñeros Laverde, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia social y sanitaria decretada para atender las necesidades de la ciudadanía durante la pandemia.
Como alcaldesa encargada de Bosa, entre febrero y abril del presente año, Piñeros decretó la urgencia manifiesta para hacer frente a la pandemia durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y suscribió el contrato 022 de 2020, por valor de 4 mil millones de pesos, para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables de ese sector del suroccidente de la ciudad.
Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía evidencian ausencia de planeación y estudios previos de mercado, requisitos exigidos por la ley; además un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias. Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a 304 millones de pesos.
Luego de estudiar dicho material probatorio, un fiscal de la Seccional Bogotá, imputó a la funcionaria los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
Piñeros no aceptó los cargos, aseguró que le fueron imputados con base en un marco regulatorio que no es aplicable a los contratos celebrados a través de declaratorias de urgencia manifiesta.
El contrato por el cual se le investiga se realizó en conjunto con la Cruz Roja, entidad que fue la encargada de ejecutar la administración, planeación estratégica, logística y operación, para el suministro y entrega de estos apoyos bajo el marco del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa.
"Tatiana Piñeros Laverde adelantó todos los procedimientos precontractuales establecidos en el Estatuto de la Contratación Pública para la celebración de contratos en el marco de la emergencia derivada de la pandemia", señaló la Alcaldía local de Los Mártires en un comunicado.
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En dicho documento se asegura que la Fiscalía pretendería poner en entredicho la idoneidad de la Cruz Roja como contratista de la localidad de Bosa, "desconociendo la experiencia con la prestación de servicios de ayuda humanitaria que esta organización internacional ostenta".
Cabe mencionar que, la Contraloría de Bogotá emitió un pronunciamiento en el mes de abril, indicando que después de realizar el correspondiente control automático de legalidad, se declaró la urgencia manifiesta en la localidad de Bosa, pero además asegurando que la expedición de la resolución cumplía con todos los requisitos formales y materiales establecidos en el estatuto contractual Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Piñeros adelantará su defensa técnica bajo la salvaguarda de las garantías constitucionales y legales que enmarcan la actividad judicial, al tiempo que reiteró que "seguirá trabajando desde cualquier punto de la ciudad para garantizar el bienestar de la ciudadanía".
