El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, respondió con firmeza a las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien acusó a la organización sindical de promover bloqueos al sistema TransMilenio durante las jornadas de paro nacional del 28 y 29 de mayo de 2025.
Las protestas, que generaron un caos vial en la capital y afectaron a más de un millón y medio de ciudadanos, reavivaron el debate sobre los límites del derecho a la manifestación social y el impacto sobre servicios públicos esenciales como el transporte.
En sus declaraciones, Arias no solo reconoció que la CUT promovió los bloqueos, sino que los defendió como una herramienta legítima de presión social.
Según el líder sindical, estas acciones están amparadas por normas internacionales de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen los bloqueos como parte del derecho a la protesta.
“No puede criminalizarse la protesta social. Bloquear temporalmente una vía no es un delito si no se pone en riesgo la vida o la salud de nadie. Es una forma de ejercer presión y visibilizar nuestras demandas”, sostuvo Arias en entrevista con Blu radio.
El trasfondo de la movilización fue el respaldo a la consulta popular impulsada por sectores sociales y laborales frente a reformas estructurales, entre ellas las del sistema pensional y laboral. Arias explicó que las acciones fueron planeadas con carácter pacífico, descartando cualquier vínculo de la CUT con actos vandálicos o violencia.
Respuesta de la Alcaldía y acciones judiciales
Desde la Alcaldía de Bogotá, la respuesta no se hizo esperar. Carlos Fernando Galán anunció que presentará acciones judiciales contra Arias, argumentando que los bloqueos coordinados al sistema de transporte público violan los derechos fundamentales de los ciudadanos al libre tránsito y al acceso a servicios esenciales.
“La protesta es un derecho, pero no puede ejercerse a costa de los derechos de millones de bogotanos. Impedir el funcionamiento de TransMilenio afecta a los más vulnerables, que dependen de ese servicio para trabajar y estudiar”, expresó Galán en una rueda de prensa.
El alcalde también señaló que estas prácticas deben diferenciarse de la protesta pacífica y enmarcarse dentro de límites legales. En su opinión, cuando una acción causa un perjuicio colectivo masivo, como el colapso del transporte en hora pico, deja de ser legítima.
Arias, por su parte, insistió en que las acciones de la CUT no constituyen un delito y que el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando esta incomode. Aseguró que el propósito de la movilización era precisamente interrumpir la rutina de la ciudad para llamar la atención sobre temas de interés nacional.
“Estamos hablando de bloqueos temporales, no de sabotajes. Es diferente generar impacto a promover el caos. Y ese impacto es parte del mensaje político que como movimiento social queremos transmitir”, puntualizó.
El dirigente sindical también valoró que el propio Galán reconociera excesos cometidos por la fuerza pública durante las jornadas, aunque lamentó que se intente desviar el foco de atención hacia una supuesta ilegalidad por parte de los manifestantes.
