El centro de Bogotá vivió el miércoles 29 de abril una jornada de alta tensión tras las protestas adelantadas por integrantes de la comunidad indígena Emberá, quienes protagonizaron bloqueos, daños a infraestructura y ocupaciones de edificios públicos y privados. Las acciones fueron rechazadas por autoridades, que además encendieron las alertas por denuncias sobre la instrumentalización de menores de edad durante los disturbios.
De acuerdo con reportes oficiales, la situación derivó en la retención de más de 1.200 trabajadores y funcionarios en distintos puntos de la ciudad, lo que elevó la gravedad del episodio y motivó pronunciamientos del Gobierno Nacional y entidades distritales.
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Videos evidencian participación de niños en disturbios
En redes sociales comenzaron a circular registros audiovisuales que muestran a adultos entregando objetos como palos y piedras a niños y niñas para que participaran en actos vandálicos y permanecieran en la primera línea durante los enfrentamientos con la fuerza pública, incluyendo la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
Uno de los momentos más cuestionados ocurrió en inmediaciones del Ministerio del Interior, donde un hombre fue captado ubicando a un menor frente a él mientras las autoridades intentaban despejar un bloqueo, lo que generó indignación generalizada.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a los hechos y expresó su rechazo a través de redes sociales, enfatizando que la protección de los niños debe ser prioritaria en cualquier circunstancia. A su pronunciamiento se sumó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuya directora, Astrid Eliana Cáceres, calificó lo ocurrido como una conducta inaceptable y confirmó la interposición de denuncias.
La funcionaria aseguró que no existe justificación para exponer a menores en escenarios de violencia y advirtió que este tipo de acciones constituyen un delito. También señaló que se han adelantado medidas para identificar a los responsables.
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Denuncian bloqueo a ayudas y servicios para niños
Según el ICBF, se ofrecieron alternativas como refugio, alimentación y espacios seguros para proteger a los menores mientras avanzaban las manifestaciones, pero los adultos de la comunidad habrían impedido su acceso a estos servicios.
En la misma línea, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá denunció que voceros de la comunidad han rechazado el ingreso a programas de protección dirigidos a niños, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables, pese a la instalación de al menos siete mesas de diálogo.
Las autoridades advirtieron que la permanencia de menores en estos escenarios vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección integral, además de exponerlos a riesgos físicos y condiciones inadecuadas.
Distrito exige soluciones y acciones judiciales
El secretario General de la Alcaldía, Miguel Silva, hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender de fondo las problemáticas de la comunidad Emberá y evitar la repetición de estos hechos. Asimismo, insistió en que quienes participaron en acciones violentas deben responder ante la justicia.
Este episodio se suma a lo ocurrido el lunes 27 de abril en el albergue La Lupita, donde se registró una toma ilegal que dejó a dos funcionarios retenidos tras el cierre irregular del lugar por parte de voceros indígenas.
El Distrito confirmó que ya se interpusieron denuncias penales contra líderes Emberá por estos hechos, que incluyen presuntas conductas delictivas y posibles casos de extorsión. Además, reiteró su rechazo a la utilización de menores en protestas y exigió garantías inmediatas para su protección.
Las autoridades continúan evaluando la situación mientras avanzan las investigaciones, en medio de un escenario que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de soluciones estructurales para la población Emberá en la capital.
