La creciente presión sobre el espacio público en San Victorino llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a exigir acciones inmediatas y coordinadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Alcaldía Local de Santa Fe. La decisión responde a la comprobación de una ocupación persistente que ha reducido la movilidad, comprometido la seguridad y deteriorado las zonas destinadas al tránsito peatonal.
El pronunciamiento surge luego de resolver una apelación presentada por varias entidades distritales y por la Policía Metropolitana de Bogotá, que buscaban aclarar el alcance del fallo emitido en primera instancia. Tras revisar los argumentos, el Tribunal concluyó que las medidas ejecutadas hasta ahora son insuficientes y que el fenómeno no solo permanece, sino que se ha intensificado.
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Evidencias del deterioro urbano
Documentos, fotografías y registros aportados durante el proceso mostraron cómo en San Victorino se han instalado ventas informales sobre andenes, se han bloqueado accesos a establecimientos y se ha apropiado de forma irregular el espacio peatonal. Según el Tribunal, estas imágenes reflejan la magnitud del impacto y la ausencia de resultados efectivos por parte de las autoridades competentes.
El despacho reiteró que la responsabilidad de proteger y recuperar el espacio público está claramente definida en la Constitución y en normas como el Decreto Ley 1421 de 1993, las cuales obligan a los alcaldes a actuar frente a estos escenarios. Aunque se han realizado operativos, campañas de sensibilización y mesas de diálogo, el Tribunal determinó que estas acciones no son proporcionales a la escala de la ocupación informal.
Plazos estrictos y procedimientos obligatorios
El fallo impone a las entidades un plazo máximo de un año para ejecutar la intervención integral en el sector, contados desde la ejecutoria de la sentencia. Además, la recuperación debe adelantarse siguiendo el Decreto Distrital 098 de 2004, que define el procedimiento para este tipo de actuaciones.
De manera paralela, y dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria, la Alcaldía Local de Santa Fe, el Dadep y el Ipes deberán poner en marcha un sistema interno de identificación de beneficiarios. Este instrumento permitirá avanzar en alternativas de trabajo formal, concreto y sostenible para vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes que hoy ocupan el espacio público.
Lineamientos de la Corte Constitucional
El Tribunal recordó que la sentencia C-211 de 2017, emitida por la Corte Constitucional, obliga a garantizar opciones reales de reubicación y formalización antes de emprender acciones de recuperación del espacio público. Por ello, la intervención no podrá limitarse a operativos esporádicos: deberá apoyarse en políticas claras, continuas y verificables, que permitan armonizar el orden urbano con las condiciones económicas de quienes trabajan en la informalidad.
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Alcance del rol policial y origen del caso
Aunque la Policía Metropolitana entregó informes detallados sobre operativos desarrollados en San Victorino, el Tribunal aclaró que esta institución no tiene competencia para diseñar políticas públicas de reubicación o formalización. Su función será de apoyo y articulación con la Alcaldía Local, el Dadep y el Ipes.
La decisión se deriva de una acción popular presentada por un ciudadano, quien denunció la invasión del espacio público y la falta de una estrategia integral para atenderla. Al revisar el caso, el Tribunal concluyó que existe una vulneración prolongada del derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público debido al deterioro continuo y a la respuesta institucional insuficiente.
Una intervención que debe ser sostenible
Con este fallo, Bogotá está obligada no solo a intervenir, sino a diseñar una política pública sostenida que garantice equilibrio entre la recuperación del orden urbano y las necesidades de los vendedores informales en uno de los sectores comerciales más dinámicos de la ciudad.
